Las empresas y asociaciones a las que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sancionó el pasado mes de enero con 98,2 millones de euros por repartirse presuntamente el mercado de gestión de residuos y saneamiento urbano ya han interpuesto recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra esta multa y, en muchos casos, han solicitado las cautelares para su suspensión. Están a la espera de que el juez les emplace para formalizar sus denuncias, lo que ocurrirá, de acuerdo a las fuentes consultadas, en las próximas semanas.
Será entonces cuando el denominado 'cártel de la basura', entre las que figuran compañías como Urbaser (ACS), FCC, Valoriza (Sacyr) y Cespa (Ferrovial), arroje todo su arsenal legal contra la resolución del organismo que preside José María Marín Quemada, muy debilitado últimamente tras la sentencia de la Audiencia Nacional que tumba la multa de 60 millones de euros a las eléctricas españolas por fijar los precios de la luz a los grandes consumidores de electricidad y poner trabas al cambio de suministrador, adelantada por este diario. Esta decisión, precisamente, ha dado alas a las empresas implicadas en este caso para plantar batalla a la CNMC.
Los argumentos de las 35 compañías y las asociaciones Aselip, Aceser y Arema tienen aspectos particulares, pero hay puntos coincidentes. El más claro es el relativo al incumplimiento del plazo legal por haber transcurrido más de 18 meses desde la incoación del expediente, el 4 de julio de 2013. Con la normativa en la mano, la CNMC debería haber notificado la sanción a las afectadas el 5 de enero (el 4 era domingo), pero no lo hizo hasta el día 15, explican desde la defensa de una de las denunciadas. El retraso en la notificación, sin ir más lejos, añaden, ha sido uno de los motivos esgrimidos por la justicia para revocar recientemente una multa de la antigua Comisión Nacional de la Compentecia (CNC).
La CNMC habría suspendido ('reloj parado') el citado plazo de 18 meses al requerir información adicional a dos empresas, explican las mismas fuentes. Sin embargo, abundan, "a muchos no nos fue notificado", como exige la ley, por lo que echaría por tierra la posición del regulador a este respecto. Un defecto de forma, por tanto, que desde el organismo rechazan.
El segundo punto que defenderán la mayoría de empresas y asociaciones es "la acumulación de diferentes conductas que no están conectadas entre sí". La resolución denuncia que, entre 2000 y 2013, las firmas sancionadas se repartían las licitaciones presentando ofertas conjuntas bajo el modelo de Unión Temporal de Empresas (UTE); acordaban no concurrir a una parte de la licitación a cambio de la posterior participación en dichas actividades, llegaron a acuerdos para respetar a los clientes de sus competidores (públicos o privados) y repartirse a los nuevos, intercambiaban información comercial sensible; boicoteaban licitaciones que no se ajustaban a sus intereses o utilizaban a las asociaciones sectoriales para coordinar las actuaciones colectivas.
La defensa expondrá también el "error" de la CNMC al confundir las UTE, "una figura legal y extendida en todo el sistema de licitación pública", con concertación. De igual forma, demostrarán cómo existen "cientos de concursos públicos recurridos entre empresas" incluidas en un expediente que, denuncian, deja fuera a otros actores, como empresas locales y ayuntamientos, a los que "hemos estado financiado los desfases de dinero durante años". La última palabra, en cualquier caso, la tendrá la justicia.