El comisario de asuntos económicos, Joaquín Almunia, afirmó hoy que la Comisión Europea (CE) anunciará el próximo 26 de septiembre su decisión sobre las condiciones impuestas por el organismo regulador a la eléctrica E.ON para comprar Endesa. Por su parte, Solbes reconoce que la CNE tendrá que dar marcha atrás en algunas condiciones.
El Ejecutivo comunitario ha enviado a España dos requerimientos durante el pasado mes de agosto en los que considera que los requisitos exigidos a E.ON contravienen la libertad de establecimiento y de movimiento de capitales.
"El Gobierno español tiene que responder a las notas que le envió la CE en agosto y, a la vista de la respuesta, nosotros el 26 de septiembre expresaremos nuestra opinión" afirmó Almunia en unas jornadas económicas organizadas por Euromoney en Madrid. Ese día será cuando el Ejecutivo comunitario se reúne en Estrasburgo (Francia).
Una vez recibidas las aclaraciones desde España, si la CE considera que se incumple la normativa europea, el siguiente paso sería denunciar la situación ante el Tribunal de Luxemburgo y abrir un procedimiento de infracción a España, según indicaron a Efe fuentes comunitarias.
Almunia expresó su deseo de que se produzca un acuerdo y que no se prolongue por más tiempo las tensiones y los conflictos entre empresas, aunque advirtió de que esta solución se debe hacer con respeto a las normas europeas.
El comisario europeo señaló que la norma europea establece que los estados miembros únicamente pueden restringir la libertad de establecimiento y el libre movimiento de capitales por razones de seguridad nacional.
El Ejecutivo español mantiene que las condiciones de la CNE respetan la ley comunitaria, ya que permiten a E.ON instalarse en España, aunque cumpliendo algunos requisitos, y persiguen proteger la seguridad pública, posición que ha reiterado en varias ocasiones desde que la CNE hizo pública su resolución.
El regulador energético español aprobó el 27 de julio pasado la oferta de E.ON condicionada al cumplimiento de diecinueve requisitos, entre ellos la obligación de vender la nuclear de Ascó I, los activos de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, las centrales que utilizan carbón nacional y ceder la gestión en el resto de instalaciones nucleares en las que participa la eléctrica española.
