Las grandes constructoras están estudiando el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un mega contrato de 771 millones de euros que comprende la construcción y posterior gestión de las nuevas instalaciones judiciales de la capital. Sin embargo, coinciden en señalar que no les salen las números.
Este miércoles termina el plazo para que las empresas que quieran pujar presenten sus ofertas, pero aseguran que "el presupuesto es un poco justo y las cuentas salen con dificultad". "No es una operación clara de retorno de inversión", concretan.
El contrato por el que pelearán las constructoras asciende a 771,7 millones de euros, pero no todo correrá a su cargo, pues la Comunidad de Madrid ha invertido ya 288 millones en la compra del suelo, la construcción del Instituto de Medicina Legal y algunas obras subterráneas, entre otras cosas. De este modo, el grupo ganador tendrá que desembolsar 483 millones y se encargará de redactar el proyecto, levantar los 14 edificios que formarán esta nueva ciudad, explotar las zonas comerciales y mantener las instalaciones.
La concesión será por 30 años, y arrancará en el momento en el que se adjudique el proyecto, algo que está previsto para el mes de julio. Por su parte, la Comunidad de Madrid pagará un canon de 45 millones de euros, que es lo que ahora se abona por el alquiler y los servicios de las 28 sedes judiciales distribuidas por Madrid.
Sin embargo, la administración tiene cuatro años de carencia y no empezará a pagar el canon hasta julio de 2019, cuando esta previsto que se ejecute la mudanza a las nuevas instalaciones. Además, la retribución al concesionario estará condicionada a la calidad de los servicios que ofrezca, pudiendo llegar a no percibir el canon algún año.
Precisamente, es el canon lo que no termina de convencer a las constructoras, que a falta de dos días para que termine el plazo para la presentación de las propuestas, todavía no han sellado del todo las alianzas. Si bien, y a pesar de que "las negociaciones continuará hasta el último momento", aseguran en el sector, hay acuerdos que si se pueden dar por cerrados. Es el caso del consorcio entre Acciona y OHL, que trabajarán juntas en alguno de los proyectos que engloba este gran contrato, aunque podrían unirse a alguna firma más. Asimismo, Ferrovial y ACS, a través de Dragados, irán de la mano. El otro consorcio que se baraja es el de FCC y Sacyr.
El proyecto se situará en Valdebebas, ocupará una superficie de 200.000 metros cuadrados y contará con unos 60.000 metros cuadrados para servicios asociados, se ha concebido como un espacio práctico, por eso la agrupación se hará por áreas jurisdiccionales.
Así, la administración asegura que gracias a esta nueva organización y a los criterios arquitectónicos se mejorará en un 20% la agilidad de la justicia en Madrid. Asimismo, supondrá un ahorro de costes importantes para la Comunidad, que sólo en envíos postales y taxis gasta actualmente más de 15 millones al año. Cuando termine el periodo de la concesión, la Administración regional será la propietaria de la Ciudad de la Justicia.
