El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio hará todo lo posible en los próximos meses para que los usuarios de telecomunicaciones disfruten de los mayores niveles de protección posibles. En este empeño trabaja Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, quién adelantó en una entrevista con elEconomista que su departamento reducirá un 60% los plazos de la portabilidad.
Es decir, bastarán dos días para tramitar el cambio de proveedor, conservando el número antiguo, frente a los cinco actuales. Ros, que próximamente cumplirá sus primeros cien días de esta legislatura al frente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, coincidió con Bruselas al asegurar que los precios de los SMS en España superan la media europea, al tiempo de que se felicitó por el éxito del apagón analógico de la televisión que se materializará la próxima semana en Soria.
Para septiembre deja pendiente la puesta en marcha de la Comisión Asesora para el Despliegue de Redes de Alta Capacidad, que iluminará la futura regulación de los accesos de fibra óptica, así como la consulta pública sobre las nuevas frecuencias. Poco después se reanudarán los trabajos previos para que la televisión en movilidad pueda sea una realidad comercial en 2009, antes de lo anunciado por el ex ministro Joan Clos.
Tras exigir a las operadoras que garanticen el 80 por ciento de la velocidad de ADSL que promocionan, ¿qué otras medidas se contemplan en la futura Carta de Derechos y Obligaciones de los Usuarios de Telecomunicaciones?
Además de la velocidad máxima, queremos reducir el tiempo de la gestión de la portabilidad de los números de teléfonos, o de conservación de los números cuando uno cambia de operador. Actualmente los plazos están en cinco días y la propuesta que incluiremos en la Carta de Derechos y Obligaciones será bajarla a dos días.
Los operadores de telecomunicaciones se han convencido de que el negocio pasa por agrupar servicios. ¿Prevén alguna iniciativa regulatoria sobre esos aspectos?
Sí, incorporaremos mayores elementos de protección al usuario en los procesos de cambios de operador, así como en el desglose pormenorizado de los diferentes conceptos tarifarios en las facturas de los servicios empaquetados. Por su parte, los operadores se quejan de que los usuarios no cumplen siempre los contratos. Todo eso se va a regular, a ver si entre todos conseguimos un mayor orden.
¿Cuándo entrarán en vigor estas propuestas?
Lo presentaremos esta semana a la Comisión Asesora de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Catsi), y les emplazamos hasta finales de septiembre para recibir sugerencias y opiniones. A partir de entonces, lo elevaremos a trámite. Sería un real decreto que podría estar listo antes de final de año.
La posible modificación legislativa para permitir los contenidos de pago en la Televisión Digital Terrestre (TDT) vuelve a crear controversias. ¿Cuáles son sus planes?
En estos momentos no hay una decisión al respecto y tampoco ha existido una petición formal sobre el asunto por parte de los interesados. Obviamente, si existe una petición que tenga un amplio consenso de los operadores se procederá a su estudio de forma más rápida que si no lo tuviera. Pero todavía no tenemos peticiones reales. Técnicamente es posible, y en algunos países ya se ha puesto en marcha, pero aquí se exige una revisión normativa.
El pasado febrero, el ex ministro Joan Clos retrasó hasta 2010 el estreno comercial de la TV en movilidad ¿Tan complicado es el asunto como para no arrancar antes?
Sí, es un asunto complicado, pese a que ya se han hecho más de 20 pilotos. Para ponerlo en marcha necesitamos una ley que no tenemos.
Pero eso está en sus manos.
Creo que la televisión en movilidad podría ser realidad antes de 2010. Nuestra intención es llevar el tema al Parlamento y a partir de entonces no me atrevo a poner fecha. No obstante, en un caso razonable, podría estar movilizado antes de 2010, pero depende del Parlamento.
Los precios de los mensajes cortos dormitan al margen de las rebajas de la telefonía móvil... y Bruselas ya achucha con rebajas.
Existe margen para realizar un esfuerzo adicional por parte los operadores y observamos que los precios de los SMS en España son más caros que la media europea. Así lo decimos, pero no podemos hacer más. El ministerio no puede intervenir en asuntos en los que los operadores son soberanos.
¿Con qué se queda, con el de propiedad intelectual o con el derecho a la privacidad e intimidad?
Desde el Gobierno estamos preocupados por ambos y queremos conseguir el equilibrio en todos los terrenos. Los dos deben ser defen- didos. También miramos lo que se hace en otros países y vemos que no existe una solución clara.
Por lo tanto, queremos llevar esta discusión al ámbito internacional, porque la Red es global. Me consta que los operadores y las sociedades de gestión están sentadas y hablando de estos temas y es importante que surjan actuaciones por la vía de la autorregulación. En cualquier caso, sin ser jurista, entiendo que en una balanza pesará más el derecho a la intimidad.
El nuevo reparto de espectro radioeléctrico está a la vuelta de la esquina y de su configuración podrían surgir nuevos jugadores.
Sí, hay compañías que sólo operan en fijo y que quizá querrán tener algunas frecuencias de espectro para ofrecer servicios móviles complementarios. Por nuestra parte, nos gustaría poner el máximo de frecuencias en 2009. Por lo pronto, la consulta pública concluye a finales de septiembre y vamos a movernos con la mayor rapidez.
La intención del Gobierno es que haya el máximo de espectro y con la mayor flexibilidad posible en manos de los operadores, para que los ciudadanos tengan todos los servicios avanzados y que tecnológicamente sean factibles. No será un límite la no disponibilidad de espectro.
¿Qué van a hacer para acelerar la regulación sobre las redes fijas de nueva generación?
Por lo pronto, acabamos de crear la Comisión Asesora para el Despliegue de Redes de Alta Capacidad, que convocaremos en septiembre. En ella participan operadores, fabricantes, usuarios y administraciones. Queremos que, cuando se tomen las decisiones, las partes implicadas asuman en que lo acordado será lo mejor para todos.
