Empresas y finanzas

La imprevisible sanción de EEUU complica la retirada del 'corralito'

El inquietante informe de la autoridad antiblanqueo del Tesoro estadounidense contra el dueño de Banco Madrid (Banca Privada d'Andorra) no solo germinó la debacle de la entidad sino que complica la resolución de su crisis por parte de los reguladores.

A diferencia de procesos de insolvencia previos, donde se optó por colocar en concurso a la entidad -casos como las antiguas CAM, CCM, CajaSur o Banco Valencia- faltan, a priori, interesados por una enseña que es de dimensión pequeña, aún cuando su posición es un nicho tan goloso como el grandes patrimonios, por el daño irreparable a su reputación con el escándalo y por miedo a salir salpicado. En este aspecto, el desafío parece bifurcarse en dos líneas de actuación.

Por un lado, responder a su pasivo: devolver los depósitos de clientes por hasta 100.000 euros a través del Fondo de Garantía, e intentar reintegrar las cuantías excedentarias no cubiertos -500 clientes tienen imposiciones superiores-, y el resto de deuda con acreedores con la previsible venta de sus activos en un proceso concursal.

Por otro lado, corresponde a los reguladores restablecer los circuitos que permitan sacar del corralito a los dueños de sicavs y a los 14.488 partícipes atrapados en los 21 fondos de inversión de Banco Madrid Gestión, donde el mismo banco era el depositario. Los fondos creados por las gestoras de Liberbank y BMN, operan con normalidad gracias, precisamente, a que el custodio es otra entidad, Cecabank. La presidenta del rector de los mercados, Elvira Rodríguez, se comprometió a buscar pronto a otro custodio y arbitrar medidas para que los futuros reembolsos se hagan por cuentas distintas a las de Banco Madrid.

Ahora bien, la tarea no es sencilla. La dificultad estriba en la imprevisible sanción de Estados Unidos, cuyas colosales multas tienen sobrecogida a la industria. No en vano han comprometido las cuentas en gigantes como HSBC, a la que sancionó con unos 1.770 millones de euros, las de Commerzbank -1.352 millones-, o ING Group -575 millones-.

La lógica dicta que cualquier represalia de EEUU, en caso de que detecte operaciones delictivas de blanqueo de clientes instrumentadas a través de alguno de los vehículos hoy suspendidos en Banco Madrid, sería esta entidad la que debería responder como responsable de no haber verificado adecuadamente su procedencia ilícita. Pero la incógnita americana, cuyas sanciones no responden a unas reglas objetivadas en una ley, desborda. "No tiene pinta de que salpique si otra gestora asume esos fondos o sicavs, pero la ambigüedad de la CNMV en sus comunicados o cómo se ha desarrollado el proceso" hace difícil valorar si asumir esa tarea es una oportunidad o un riesgo, reflexionan en una entidad.

En el sector se especula con que la CNMV pueda solicitar a una firma grande (de estilo del Santander, Caixabank o BBVA), y casi como favor, hacerse cargo de la cartera, en la creencia de que la robustez de sus marcas contribuirá a dar confianza al partícipe y evitará una huida despavorida. La suspensión de Banco Madrid da al traste con la alianza de Liberbank y BMN, y recuperarán la gestión de sus fondos, que hoy operan con normalidad.

Un problema 'nacional'

Distinto es el campo de las sicavs, donde el traspaso se complica por las preferencias de estos sofisticados clientes por ciertas inversiones y otros múltiples factores que acaban determinando el diseño de los vehículos. Otra incógnita es quién asumirá la depositaría, nada fácil cuando es razonable contemplar un eventual escenario de rescates masivos porque se encontrarán limitados -algunos fondos invierten en depósitos y otros activos de Banco Madrid, que al estar al borde del concurso, condicionan los reembolsos-. Es un servicio muy concentrado en grandes manos, siendo los mayores prestadores el Santander, Cecabank y BNP Paribas. El subcustodio RBC Dexia sería también una opción.

El riesgo de multas ejemplarizantes de EEUU es de tal calibre que hasta la autoridad europea bancaria (EBA) trabaja para intentar que se definan bien las infracciones y fijen parámetros objetivos, no arbitrarios, a las represalias a fin de que la industria sepa a qué se expone. Parece ser la razón que frustró la compra de BPA por el Crédit Andorrá y la que ahuyenta el interés por Banco Madrid. Son deseables cortafuegos y sanciones a prácticas que amparen actividades ilícitas, pero también es esperable buena praxis regulatoria para evitar daños colaterales indeseables.

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