La liquidación de las ocho autopistas en quiebra costaría al Estado unos 8.000 millones de euros, según explica Seopan, la patronal de las grandes constructoras. Esta cantidad responde por un lado, a los 5.700 millones que debería abonar el Gobierno a través de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). "Además habría que sumar otros 2.300 millones de euros por todos los procesos judiciales que se abrirían", explica Julián Núñez, presidente de la patronal.
Núñez aseguró este miércoles que la quiebra de estas vías comprometería además el cumplimiento del objetivo del déficit de España para el año que viene, que se elevaría entre 0,45 y 0,57 puntos porcentuales.
Ante esta situación, "el Gobierno quiere buscar un vehículo que omita su obligación de pagar", pero tras dos años de reuniones y a pesar de que ahora trabajan contrarreloj, las negociaciones entre las partes no están siendo fáciles. "Las posiciones se han acercado, pero no hay ninguna decisión tomada", asegura Núñez.
La propuesta de Fomento pasa por aplicar una quita del 50% sobre la deuda de las ocho concesionarias, que asciende a unos 4.000 millones de euros, mientras que el resto del pasivo se convertiría en un bono a 30 años, que se pagaría con un tipo de interés del 1%.
Precisamente en este punto se centran las negociaciones, ya que los acreedores exigen un tipo más alto, cercano al del Tesoro, es decir del 2% y que este tipo sea el mismo tanto para los bancos, como para las constructoras o las concesionarias. "Si no hay un acercamiento en el tipo de interés la alternativa que propone el Gobierno no puede salir adelante", aseveró este miércoles Núñez.
Una salida 'a coste cero'
Por su parte, la ministra de Fomento, Ana Pastor, respondió a Seopan reclamando un esfuerzo para encontrar una salida y dejó claro que no va a moverse en las negociaciones porque defiende el "interés general".
"Me parece muy bien que aquí todo el mundo reclame, pero desde luego yo no me voy a mover de donde estoy, pero no porque sea inamovible, sino porque la defensa del interés general es lo que tiene que ser prioritario", explicó este miércoles la ministrar en declaraciones a la prensa. "Llevamos ya dos años planteando una salida, una solución que tenga coste cero para los españoles", resaltó Pastor.
