En febrero del año pasado, Miguel Arias Cañete se comprometió a presentar una ley para "regular de forma conjunta el abastecimiento, el saneamiento y la depuración de agua de uso urbano" en un plazo de meses. Su promesa se desvaneció en otoño, cuando fue nombrado comisario europeo de Clima y Energía; hoy, como ha reconocido en el Parlamento su sucesora al frente de la cartera de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, García Tejerina, está fuera de las previsiones del Gobierno. Descárguese aquí la revista gratuita 'elEconomista Agua y Medio Ambiente'.
Sin embargo, en esos meses se llegó a elaborar un borrador de la Ley, en el que participaron varios catedráticos universitarios, donde se esbozan las líneas generales de la futura ordenación del sector, algo pendiente desde hace demasiado tiempo; el propio texto, al que ha tenido acceso elEconomista Agua y Medio Ambiente, reconoce "una gran dispersión regulatoria" que "ha dado lugar a importantes ineficiencias en la prestación de los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano".
Uno de los aspectos más llamativos del texto es el reconocimiento expreso del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, de acuerdo con la Resolución 64/292 de la ONU, aprobada el 28 de julio de 2010. El borrador, en la exposición de motivos del texto legal, reza así: "La Ley, ratificando el compromiso del Estado español con el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, ha considerado conveniente incorporar por primera vez a nuestro Ordenamiento Jurídico el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar del suministro de una cantidad básica de agua de hasta 50 litros por persona y día para beber, cocinar, preparar alimentos y para la higiene personal, así como el derecho a verter ese mismo volumen de agua a las redes de saneamiento".
Los 50 litros no son casuales
El volumen de 50 litros no es casual. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, todo ser humano necesita de 50 a 100 litros de agua diaria, dependiendo de sus circunstancias, y ese es uno de los criterios objetivos establecidos para saber si un Estado cumple o viola los derechos humanos de sus ciudadanos.
Otro de esos criterios objetivos es el coste. Leo Heller, relator especial de la ONU para el Derecho al Agua, lo explicaba el mes pasado en estas mismas páginas: "El Derecho Humano al Agua no significa que el servicio tenga que ser gratuito". Así pues, el agua no debe ser gratis, pero sí barata: menos del 3 por ciento de los ingresos de la unidad familiar. Este último criterio abre la puerta a considerar una nueva dimensión de la pobreza hídrica, hasta ahora circunscrita a la población más mísera de los países del tercer mundo, porque la crisis económica y el paro está provocando una fractura social en los países ricos, y cada vez más familias no pueden sufragarse los mínimos vitales de agua.
Violación del Derecho al Agua
El caso extremo es Detroit, antaño potencia industrial norteamericana. En 1950, la ciudad contaba con 1,8 millones de habitantes y unas infraestructuras del ciclo urbano acordes con ese tamaño, pero en la actualidad cuenta con menos de la mitad, 700.000 habitantes, que tocan a mucho más en el reparto del coste de esas infraestructuras: cada hogar abona unos 75 dólares mensuales.
El hundimiento de la industria de Detroit ha arremetido duramente contra la población obrera de la ciudad. En marzo del año pasado, casi el 50 por ciento de los 323.000 abonados de la conurbación eran morosos -retraso de 60 días en el pago de las facturas o deuda mayor a 150 dólares- y se desencadenó una oleada de cortes de agua por impago que fue denunciada como una violación de los derechos humanos por la predecesora de Heller en el cargo, Katarina Albuquerque.
Pero no hace falta ir al otro lado del Atlántico para encontrar casos en los que podría vulnerarse el Derecho Humano al Agua en sociedades opulentas.
