El Congreso de Brasil da un revés a la campaña fiscal de la presidenta Rousseff

BRASILIA (Reuters) - El Congreso de Brasil aprobó el martes una ley que limita la capacidad de la presidenta de reducir los fondos públicos que pueden asignar los legisladores, un revés para los esfuerzos de la mandataria Dilma Rousseff por rebajar el déficit fiscal.

El proyecto de ley obliga al Gobierno a obtener la aprobación del Congreso antes de recortar el gasto en artículos que sean agregados al presupuesto nacional por los legisladores y que sean destinados a proyectos en sus distritos, lo que efectivamente obliga al ejecutivo a gastar el dinero aprobado por el Poder Legislativo.

Rousseff se opuso a la propuesta, que podría sumarse a un gasto estimado del Gobierno de 7.000 millones de reales (2.180 millones de euros), pero ella respaldó una enmienda que aumentará el gasto público en salud a un 15 por ciento de los actuales ingresos netos en cuatro años.

A diferencia de Estados Unidos, donde los proyectos de asignaciones aprobados por el Congreso deben ser ejecutados, los presidentes brasileños tienen mayores poderes para vetar o postergar artículos del presupuesto aprobados por los legisladores.

Un mayor gasto en un año electoral contribuyó a que Brasil reportara un déficit de presupuesto primario del sector público de 32.500 millones de reales el año pasado, el primer déficit anual del presupuesto desde que comenzó la actual serie de datos en 2001.

El déficit del 2014 subraya la desalentadora batalla a la que el nuevo equipo económico de Rousseff se enfrenta para apuntalar las cuentas públicas y evitar una rebaja de la calificación crediticia en medio de una desaceleración económica que reducirá los ingresos por impuestos.

Rousseff comenzó su segundo mandato el mes pasado, designando a Joaquim Levy, un conservador fiscal, para lanzar una campaña de austeridad que incluye recortes al gasto y mayores impuestos.

Los planes de recortar el desempleo y los beneficios de pensiones, sin embargo, se han enfrentado a una firme oposición de sindicatos y legisladores de partidos dentro de la coalición de gobierno de Rousseff.