La Generalitat ha tenido que dar su brazo a torcer ante la presión ejercida por los servicios legales de Agbar para que retire a Acciona el contrato de concesión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL). Casi dos años después de otorgar el servicio, el ejecutivo de Artur Mas ha decidió dar marcha atrás al polémico concurso que adjudicó a Acciona la gestión del agua de los ríos que suministra la ciudad de Barcelona y su área metropolitana.
Lo que todavía no está claro es si la Generalitat otorgará el servicio a Agbar, que hace dos años presentó la segunda oferta mas competitiva por ATLL, o si la decisión será anular el concurso y empezar uno nuevo. Hoy esta prevista una primera reunión de la mesa de contratación de la administración catalana para empezar a fijar una posición.
Ventajas e inconvenientes
Las dos opciones tienen ventajas e inconvenientes. La que por el momento tiene mas números para convertirse en realidad es el traspaso del servicio de ATLL a Agbar como ganador del concurso de 2012 una vez descalificada Acciona. La mayor ventaja de esta opción es que Agbar asumiría de inmediato los compromisos financieros de la concesión, que fue otorgada por mas de mil millones euros. La empresa que preside Angel Simón ya se ha mostrado dispuesta a abonar el primer pago de 300 millones que hizo Acciona en diciembre de 2012 y las dos anualidades correspondientes a 2013 y 2014. De igual forma, garantiza la continuidad de los trabajadores de ATLL.
Sin embargo, Acciona no esta dispuesta a asumir un simple traspaso de concesión, ya que, según la empresa, los consejeros de Economía y Territorio, Andreu Mas-Colell y Santi Vila, firmaron una garantía de indemnización en caso de que la concesión le fuese retirada. Ambos firmaron esa garantía los últimos días de diciembre de 2012 ya que el objetivo de la Generalitat era contabilizar el pago de Acciona dentro del ejercicio para cuadrar las cuentas y alcanzar el objetivo de déficit pactado con Madrid.
Aunque se desconoce el importe de la misma, las maltrechas finanzas de la Generalitat difícilmente podrán hacer frente a ese pago y, en caso de no abonarla, Acciona se ha mostrado dispuesta a emprender una nueva batalla legal para recuperar la concesión. La compañía también podría reclamar una indemnización por lucro cesante, los que multiplicaría casi por tres el coste para la administración catalana.
La otra opción es anular el concurso de 2012 ya que los servicios legales de la Generalitat han reconocido que la oferta de Acciona no se ajustaba a las bases del mismo. En ese caso, se podría declarar la adjudicación nula y abrir un nuevo concurso. Quiza esta sería la opción mas transparente, pero eso conllevaría retrotraer de la contabilidad pública los ingresos ya obtenidos de Acciona. Además, en este caso tanto Acciona como Agbar podrían estar disconformes y seguir planteando batalla legal, la primera por la retirada de la concesión y la segunda por considerarse ganadora del concurso tras declararse nula la oferta de Acciona.
Fuentes del sector creen que esta segunda opción solo sería viable con el acuerdo de las dos compañías, algo que parece una utopia. Mas se ha resistido a anular la concesión pero la última sentencia del Supremo le ha forzado a cambiar la opinión. El alto tribunal denegó su petición de medidas cautelares, con la que intentaban suspender la resolución dictada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (que forma parte de la propia Generalitat) que sostenía que el consorcio de Acciona se había adjudicado el concurso pese a no cumplir el pliego de condiciones en lo que respecta al calendario de inversiones.
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