El objetivo perseguido por el Gobierno con la puesta en marcha del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), el de que sirviera como alternativa de financiación no bancaria a las pymes españolas, se ve ahora, un año después de su puesta en marcha, más como una utopía que como algo realizable.
Según un informe elaborado por Bravo Capital, en España hay menos de 1.000 pymes que podrían realizar una emisión en el MARF.
Hasta octubre, son ocho las empresas que han accedido a la financiación a través de este mercado, en el que se han emitido valores por 180 millones a corto plazo y otros 231 millones a largo plazo. Es decir, que sólo se ha canalizado fondos de los inversores a estas empresas por valor de 410 millones de euros.
Aparte del importe y del reducido número de empresas que han utilizado este mercado, el tamaño de las firmas emisoras no se corresponde con la media de una pyme española, que tiene una dimensión más pequeña que la de las de Estados Unidos y Europa.
Así, mientras el 97% de las empresas españolas "facturan menos de dos millones al año", las cifras de negocio de las firmas que han emitido valores en el MARF van desde los 1.864 millones de euros de Elecnor, hasta los 61 millones de Audax, la más pequeña.
Ebitda superior a 12 millones
Según señala el informe de Bravo Capital, las empresas con potencial para emitir en el MARF, según Axesor Rating, "serían aquellas con una Ebitda superior a los 12 millones de euros, un rating estimado superior o igual a B y un ratio de deuda financiera sobre el beneficio inferior a 3,5 veces".
Esto quiere decir que la gran mayoría de pymes no podría obtener financiación a través de esta vía y, por tanto, el MARF "no es una alternativa real a la financiación bancaria para ellas".
Según Bravo Capital, que cita datos de Infocif, en España sólo habría 1.400 empresas con ventas entre 1.000 y 100 millones de euros y 975 sociedades con un ebitda entre 150 y 15 millones de euros, las "empresas que por tamaño podrían acceder al MARF".
A esto hay que sumar, según señala el informe, que firmas con potencial para emitir "no se han planteado entrar por las responsabilidades y cargas que supone salir a un mercado público", ya que deben ofrecer información continua a los mercados, contratar un asesor registrado y obtener un rating público, entre otras cuestiones.
Además, tampoco resulta una alternativa barata. El interés medio de las emisiones a cinco años es de un 7%. A esto se debe añadir lo que cobran las entidades colocadoras, entre un 2 y un 4%, y otros gastos asociados al rating, al asesor registrado, a abogados y al personal interno de atención a los inversores.
El Estado clientelar devora la economía real