La denuncia por estafa presentada en 2012 por la inmobiliaria sevillana Grupo Ferro contra Antonio Pulido, expresidente de Cajasol y hoy directivo de Caixabank, y otros cuatro exdirectivos de la antigua caja ahora integrada en el banco catalán, va camino de convertirse en una investigación sobre las operaciones que hizo la entidad andaluza con suelos heredados de Inmobiliaria Colonial, tras desplomarse en bolsa a final de 2007 y abandonar su presidente, Luis Portillo, el cargo.
Se trata de terrenos pertenecientes al proyecto Entrenúcleos en Dos Hermanas (Sevilla), que el empresario sevillano Portillo aportó a Colonial desde promotoras propias al adquirir esa empresa. Uno de esos suelos, más exactamente la gestión que de él hizo Cajasol tras verse obligada a absorberlo ante la insolvencia de Colonial, es el origen de la demanda de Ferro. Pero la juez que instruye el caso, Beatriz González, va más allá de esa operación concreta en el último auto dictado a inicios de mes y al que ha tenido acceso elEconomista.
En él, en primer lugar, la magistrada argumenta el rechazo a los recursos presentados por los abogados de Pulido y los otros cuatro exdirectivos contra su imputación ya que, tras oír el testimonio del notario Manuel Jesús García que formalizó la escritura del préstamo inmobiliario que está en el origen de la estafa, "se considera que en el presente momento procesal no puede descartarse las perpetración de un presunto delito de estafa y falsedad documental en los términos planteados en la denuncia".
Ferro exige a los imputados una compensación de 34 millones. Los imputados han sido llamados a declarar el próximo lunes día 3.
Sí estima la juez el recurso de la propia Caixabank y le retira la imputación penal "sin perjuicio de la condición de responsable civil indirecto con que pueda ser traída al proceso dicha entidad en un momento posterior por su vinculación jurídica con los denunciados". Pulido, además de directivo de Caixabank encargado de la gestión, precisamente, de activos inmobiliarios, es miembro del consejo consultivo de Caixabank en Andalucía.
Testimonio clave
Respecto a la declaración del notario, éste aseguró que la adenda al contrato de concesión de un préstamo de 27 millones de Cajasol a Ferro para que comprara suelo y construyera VPO en esos antiguos terrenos de Colonial fue introducida en la escritura del préstamo después de que este fuera firmado por el notario. Esa adenda, que entre otras cuestiones exigía que estuvieran prevendidas el 90 por ciento de las viviendas para poder disponer del crédito para acometer las obras de construcción de las viviendas -Ferro tenía precomercializadas en torno a la mitad-, no fue firmada en presencia del notario, señala el auto de la juez.
"Le fue entregado [el documento de la adenda] para incorporar al protocolo por una de las partes, los representantes de Caixabank [en ese año, aún Cajasol], después de otorgar la escritura sin que le conste de ninguna manera que dicho documento estuviera consensuado con la otra parte interviniente en ese otorgamiento".
Sobre la alegación de los acusados de que una representante de Ferro -la hermana de su propietario, Juan Rojas, Ana- estaba presente en el momento de añadir esa adenda que modificaba las condiciones originales del préstamo, la juez dice que era "una mera mandataria ajena a las gestiones y negociaciones previas a la firma, que no tenía por qué conocer el contenido del escrito que se aportaba".
Junto a todo ello, la juez va más allá y solicita a Caixabank que entregue al juzgado las actas de los consejos de administración, ordinarios y extraordinarios, celebrados en 2007, 2008 y 2009 "en los que esté incluido como punto del orden del día lo relativo a Informes del Banco de España en relación con Entrenúcleos. Entre otras, acta del consejo de 11 de septiembre de 2007". La magistrada accede así a la petición de los demandantes, que quieren que la juez analice el modo de proceder de Cajasol con otros suelos de Entrenúcleos para demostrar que su presunta actuación delictiva fue similar en otras gestiones.
Entre otras irregularidades, Ferro tuvo que adquirir esos suelos -destinados a VPO- a 350 euros por metros cuadrado por imposición de Cajasol. Por ley, el coste no debería haber superado los 209 euros por metro, lo que le supuso un sobrecoste sólo por este concepto de 5 millones de euros. Los informes del Banco de España, según fuentes cercanas al proceso, contienen claras advertencias a Cajasol para que saliera de Entrenúcleos.
Otros documentos aportados al sumario a petición de los demandantes son igualmente reveladores. Como un informe del departamento de auditoría interna de la caja de septiembre de 2005 y dirigido a la comisión de control -Pulido llegó a la presidencia en julio de 2006- que analizó 112 créditos concedidos en el primer semestre de ese año. De ellos, hay 14 en los que los términos en los que se formalizaron fueron diferentes de los inicialmente aprobados en el consejo o la comisión ejecutiva. Siempre en detrimento de los clientes, a los que se les empeoraban las condiciones a posteriori, como le ocurrió a Ferro. En las 98 restantes se detectaron incidencias similares en parte de ellos que se estaban subsanando cuando se entregó ese informe.
Citan como imputado a Antonio Pulido