La juez Beatriz González desestima la petición de Antonio Pulido, inculpado en calidad de presidente de Cajasol en 2010, y otros directivos de archivar las diligencias iniciadas el pasado año. La magistrada sí retira la imputación penal a Caixabank, pero no le exime de posible responsabilidad civil. Ferro pide a Cajasol 34 millones por daños derivados de esa estafa. Pulido y otros cuatro exdirectivos de Cajasol, entre ellos su exdirector general adjunto, Lázaro Cepas, declararán el próximo día 3 de noviembre.
Para tomar esas decisiones, la juez explica en un auto del pasado 1 de octubre que ha sido clave la declaración como testigo a final de 2013 del notario en cuya oficina se firmó el préstamo de Cajasol a Ferro que está en la base de la demanda. El notario, Manuel García del Olmo y Santos, explicó a la juez que la adenda a ese contrato de préstamo por 27 millones que incluye condiciones diferentes de las recoge la escritura "no fue firmada en su presencia y le fue entregada para incorporar al Protocolo por una de las partes, los representantes de Caixabank [en ese momento Cajasol], después de otorgar la escritura, sin que le conste de ninguna manera, más allá de lo que en aquel momento pudiera figurarse, que dicho documento estuviera consensuado con la otra parte interviniente".
Además, la juez extiende la investigación sobre la operativa de Cajasol a los años 2007, 2008 y 2009 y pide las actas del consejo de administración de la entidad que presidía Pulido "en las que esté incluido como orden del día lo relativo a informes del Banco de España en relación con Entrenúcleos". Cita en concreto que se le facilite un acta del consejo del 11 de septiembre de 2007. Es en esa zona de Entrenúcleos (en Dos Hermanas, Sevilla) donde se inicia la estafa de Cajasol a Ferro, con unos terrenos que la caja tuvo que asumir en Entrenúcleos procedentes de la promotora Colonial y que vendió a Ferro.
Imputado por estafa