La Junta andaluza quiere que se regularicen unas 25.000 viviendas piratas mediante un cambio en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loua). La abstención del PP ha permitido que la presidenta, Susana Díaz, saque adelante su propuesta. Los socialistas argumentan que el proyecto "dará respuesta a una situación que afecta a miles de familias y a las que la Administración no puede dar la espalda". Con este cambio normativo, dejarían de estar fuera de la ley unas 25.000 viviendas de las casi 300.000 que hay en Andalucía, la mayoría en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz. Se beneficiarán casas que no estén en parajes naturales ni en zonas inundables.
En contra de la propuesta socialista se encuentra, entre otros, Ecologistas en Acción, quien ha lamentado la reforma de la Loua para facilitar la regularización de viviendas ilegales construidas en suelo rústico. La organización ecologista considera "incongruente" que se justifique esta decisión porque "las viviendas ilegales construidas en parcelaciones ilegales están en un limbo de inseguridad jurídica". Y recuerda que este "limbo" lo ha creado la propia Junta con "su permisividad durante décadas con el urbanismo ilegal, y con la especulación y corrupción urbanística".
"La Junta demuestra su firme voluntad de que las ilegalidades urbanísticas queden impunes", dicen desde Ecologistas. "Los que la hacen tienen premio. La Junta pretende ahora regularizar las viviendas construidas en auténticas urbanizaciones ilegales, montadas por tramas de especulación y corrupción", remachan.
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga, José Prados, recuerda que la Fiscalía en Andalucía combate el principio de "construye como quieras, que luego te legalizarán", que ha regido durante dos décadas en Andalucía. "Con este planteamiento se enriquecían los piratas y luego, los costes de la legalización los pagaban los contribuyentes cumplidores de las leyes".
Fiscalía
La reforma choca directamente con la posición de la Fiscalía de Sevilla. El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Javier Rufino, ha recordado que el Código Penal y el Tribunal Supremo obligan a la demolición de lo construido en suelo no urbanizable. Según el fiscal, no tiene sentido castigar en el Código Penal la construcción ilegal y luego permitir que se mantenga en pie por decisión administrativa. "Lo que fue delito hace un año, dos o cinco seguirá su curso y seguirán cumpliéndose las sentencias condenatorias, incluidas demoliciones".
Desde el ámbito de los expertos legales, el diagnóstico es claro: mientras no se modifique la Ley será muy difícil arreglar la situación de las viviendas ilegales en Andalucía. Así lo cree el abogado del Estado Alejandro Hernández del Castillo, cuyo bufete Gómez-Villares, Álvarez y Atencia, ha organizado una jornada, titulada La vivienda en suelo no urbanizable. Nuevos factores para su regularización, en Vélez-Málaga, ubicada en la comarca de la Axarquía, una de las más afectadas por las viviendas ilegales.
"El principal problema que se plantea en estos momentos la Junta, ayuntamientos y diputaciones es identificar a todas las casa ilegales", indica Hernández, quien hace hincapié en que es muy importante diferenciar entre el especulador y la persona que ha actúa con buena fe asesorado por un abogado, que paga sus impuestos y registra su vivienda ante notario. "La ley no puede tratar de igual forma a quien actúa con carácter especulativo a otra que ha comprado su casa para disfrutarla", indicó.
Hernández recuerda que el decreto aprobado hace dos años por la Junta para regularizar todas las viviendas en nuestra comunidad no dio sus frutos. De ahí las nuevas medidas. El abogado señala: "Ante todo tenemos que respetar la Ley. Si no se puede aplicar tendremos que modificarla de una manera sensata, práctica y que aporte soluciones. No podemos mirar hacia otro lado, ni tampoco demonizar el campo". Hernández opina que el movimiento realizado por la Junta "es claramente electoralista" y que las 20/25.000 viviendas que pretende regularizar ahora deberían estarlo desde 2012.
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