El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central y ha suspendido de forma cautelar el decreto andaluz sobre desahucios, que autoriza la expropiación temporal de inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
La resolución adoptada hoy ya se esperaba, después de que ayer el Ejecutivo de Mariano Rajoy presentase el recurso contra la normativa ante el Alto Tribunal.
La suspensión cautelar se basa en el artículo 161 de la Carta Magna, según el cual cuando el Gobierno central recurre un acto o resolución de una comunidad autónoma, se produce la suspensión automática del mismo durante un periodo de cinco meses, prorrogable.
Una vez que concluya el plazo de alegaciones, durante estos cinco meses, el tribunal tiene que decidir si lo mantiene o lo levanta.
En marcha desde abril
El Gobierno anunció el 28 de junio que recurriría el decreto andaluz, que prevé expropiaciones de viviendas, lo que materializó ayer. Según informó ayer la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, Moncloa ha ofrecido a la Junta abrir una "vía de diálogo informal" sobre este asunto, aunque será al margen de la permanencia de dicho recurso, que recomendó el Consejo de Estado la pasada semana.
En su dictamen, el organismo aseguraba observar "fundamentos jurídicos" para presentar la oposición a la medida de José Antonio Griñán. Según explicó después la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio igualdad".
También Bruselas se ha pronunciado en contra, al afirmar que la norma pone en riesgo los objetivos del rescate bancario y retrasará la recuperación del sector inmobiliario. La Comisión Europea trasladó su preocupación por el posible impacto en la banca al Ejecutivo español, al que instó a "corregir el decreto andaluz".
Desde que entró en vigor el pasado 12 de abril, la Junta de Andalucía ha iniciado los expedientes de expropiación temporal de una decena de viviendas y ha defendido la constitucionalidad de la norma.
El Gobierno recurre el decreto antidesahucios
