La elaboración de la nueva ley de auditoría está trayendo más de un quebradero de cabeza al sector. En particular, las fuentes consultadas por elEconomista señalan un punto clave en el borrador de la nueva normativa: la desventaja frente al resto del Viejo Continente.
En este sentido, aclaran que este texto debe estar alineado con Europa y no puede existir divergencia. "Hay artículos ilegales, contrarios a lo estipulado en la norma europea", señalaron a este diario. De hecho, uno de los artículos más polémicos de esta normativa es el del periodo de rotación, enfocado, sobre todo, a evitar la concentración del mercado.
Sin embargo, mientras la norma europea indica que las Entidades de Interés Público (EIP) deberán rotar cada diez años, el segundo borrador -según han comentado las fuentes consultadas a este diario- señala que la rotación deberá hacerse cada nueve años. También, a diferencia de lo estipulado en Europa, la norma española no permitiría ampliar este plazo en caso de concurso público, ni la posibilidad de la coauditoría.
Esto provocaría que las firmas auditoras de nuestro país quedaran en "clara desventaja", según comentaron las fuentes de las big four. En este sentido, las firmas de auditoría estarían obligadas a cambiar de cliente, mientras que en el resto del Viejo Continente lo podrían mantener. "Hay que buscar la máxima homogeneización, no estar en clara desventaja", dijeron.
En cuanto a las sanciones, las fuentes del sector denuncian que "aumentan de forma desproporcionada". "Ahora las sanciones previas se duplican, pero la función de un supervisor no debe de ser a base de multas, porque acaba siendo declaratoria", señalaron.
Rapidez electoralista
Existen otros dos puntos clave en los que se produce un desacuerdo latente entre los representantes del sector -el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y el Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas-: la falta de tiempo para la elaboración de la nueva normativa y la falta de diálogo con los interlocutores.
En cuanto al primer punto, las fuentes consultadas por este diario han señalado que la "reforma hay que hacerla sin prisas, con calma y reflexión". De hecho, apuntan que esta prisa no está justificada porque, por un lado, "nos pueden llevar a que nos separemos de la norma europea" y, por otro, "puede conllevar problemas técnicos, ya que hay que darle muchas vueltas a la ley para que no haya errores".
No obstante, fuentes cercanas también aclararon que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) no ha sido el encargado de marcar el calendario, sino que la decisión viene de la mano del Ministerio de Economía y Competitividad -del que depende el ICAC- y que se trata de "una cadena de imposiciones".
En este sentido, las fuentes consultadas denuncian que la elaboración de esta ley se trata de un "movimiento político de reacción".
En particular, señalaron que las prisas por la aprobación de este borrador puede deberse, por un lado, a que las elecciones están cerca y quieren dejarlo "cerrado" antes de la formación de nuevo gobierno y, por otro, a los escándalos. En particular, señalan que "no se puede regular al calor de los escándalos".
Con todo, parece que desde el Ministerio de Economía quieren zanjar de una vez por todos los escándalos como el caso Gowex o la sanción impuesta a Deloitte por la salida a bolsa de Bankia.
Hacia una mayor independencia en el sector auditor
