El Gobierno tiene sólo una semana para diseñar el plan de rescate para las nueve autopistas en quiebra. Es el plazo que fijó el juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid, que le dio hasta el 16 de octubre para realizar una propuesta de convenio única para las nueve empresas, que una vez saneadas, pasarían a formar parte de una sociedad pública.
Sin embargo, la posibilidad de que este particular 'banco malo' salga adelante se ve cada vez más lejana, mientras que la idea de que se produzca una liquidación ordenada de las mismas va ganando terreno.
Ésta es la sensación que se respira en el sector de las constructoras, que desde hace varios meses observan desde el burladero como la Administración lidia la batalla con un grupo de bancos extranjeros que se niegan a aceptar una quita del 50% de la deuda.
Las entidades foráneas tienen aproximadamente el 40% del pasivo total de las concesionarias, que actualmente ronda entre los 4.000 millones y los 4.600 millones de euros y hace unos meses contrataron al bufete Linklaters para hacer un frente común y bloquear la propuesta de Fomento. El hecho de que este volumen de deuda esté en sus manos les da cierta ventaja a la hora de negociar las condiciones de un pacto común, pues el Gobierno necesita contar con su visto bueno para cerrar un acuerdo global y el tiempo para el Ejecutivo ya ha empezado la cuenta atrás.
Reuniones intensivas
Durante las últimas semanas el Gobierno estaba manteniendo intensivas reuniones con estas entidades para llegar a un acuerdo, pero los cambios en la cartera de Fomento, que desde hace unos días cuenta con el hasta ahora presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, como nuevo secretario de Estado de Infraestructuras han retrasado las negociaciones.
Si finalmente la Administración no presenta una propuesta de convenio única, o ésta es rechazada en alguna de las concesionarias al no contar con el apoyo suficiente por la negativa de la banca extranjera, la alternativa más próxima es la liquidación ordenada de estas empresas.
Esta posibilidad es una de las que se lleva barajando desde hace varios años, pero el Estado quiere evitar llegar a ese punto, pues se activaría la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) y la ministra de Fomento, Ana Pastor, lleva varias semanas afirmando en cada una de sus intervenciones públicas en las que se le ha preguntado por el tema, que el problema de las autopistas "no va a costar ni un euro a los ciudadanos".
Cae el tráfico en las quebradas
