Enagas cede a Santander, Caixa y Bankia derechos de cobro por 1.350 millones de euros.
El Gobierno aprobó el viernes el rescate del almacén de gas Castor mediante un real decreto-ley que obligará a los consumidores a hacerse cargo de los 1.350 millones de coste de esta instalación en su factura de los próximos 30 años, así como los intereses financieros de esta cantidad.
Para ello, el Ejecutivo ha tenido que asignar a Enagás Transporte unos derechos de cobro equivalentes que serán cedidos automáticamente a tres entidades financieras, Banco Santander, La Caixa y Bankia, que podrán, a su vez, utilizarlos para tenerlos en su balance o emitir bonos u obligaciones.
La colocación, tal y como adelantó elEconomista, tendrá un tipo de interés que estará en el 4,3 por ciento, es decir, similar a los bonos a julio de 2032 más la prima de riesgo española. La operación además no contará con el aval del estado.
El primer pago de estos derechos de cobro se realizará el próximo 25 de abril de 2016, pero servirá para evitar el impago de los bonos emitidos por ACS y Escal en la bolsa de Luxemburgo a través de un vehículo financiero llamado Watercraft Capital.
Enagás, por su parte, recibió ayer el informe favorable de S&P al considerar que la operación no afecta a su capacidad crediticia y subió el bolsa un 2,44 por ciento tras concretarse los detalles.
El gas subirá un 1%
El pago de esta instalación supondrá alrededor de 100 millones de euros anuales en los costes regulados de la tarifa del gas, lo que puede suponer en la práctica un incremento del recibo de alrededor de un 1 por ciento, simplemente por el pago de este polémico almacén.
El Consejo de Ministros, tras varios meses de negociaciones, esperará los informes de la Universidad de Stanford y del Instituto Tecnológico de Massachusets (que pueden tardar más de un año) para iniciar el desmantelamiento y decidir si, finalmente, acude a los tribunales para reclamarle el dolo o la negligencia a la compañía que preside Florentino Pérez.
La Diputación de Castellón, de hecho, ha instado al Gobierno a acudir a los tribunales y la Fiscalía de Castellón sigue pendiente de tomar una decisión sobre la existencia o no de un presunto delito ambiental en este caso. Según el real decreto ley aprobado ayer, durante este periodo de hibernación no se realizará ninguna extracción o inyección de gas en el almacenamiento, lo que servirá para tranquilizar a la población tras los más de 500 seísmos registrados en la zona hace justo un año.
La decisión del Ejecutivo se produce tras una sentencia del Tribuna Supremo que reconocía a ACS y Escal el derecho de cobro después de haber garantizado la inversión el exministro de Industria, Miguel Sebastián, unos pocos días antes de abandonar el cargo.
Enagás Transporte garantizará la seguridad de las instalaciones y los costes asociados a la administración serán retribuidos por el sistema gasista, lo que puede suponer una cantidad cercana a los 20 millones anuales. Entre las dudas que surgen en estos momentos figura quién se hará cargo de los costes de los despidos que pueden producirse en la compañía que gestiona Castor, propiedad de ACS y Escal.
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