Desde estas mismas páginas criticábamos, apenas hace una semana, que los contribuyentes tengan que pagar los platos rotos del almacén de gas Castor. Un fiasco empresarial, del que el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, hizo corresponsables a empresas y consumidores al firmar que en caso de reversión se indemnizaría a la compañía.
En cumplimiento de este acuerdo, el Tribunal Supremo obliga al Estado a hacerse cargo de los 1.400 millones más los intereses, que habrá que devolver a Escal (66 por ciento de ACS) por el cierre del pozo Castor. El titular actual de Industria, José Manuel Soria, ha tenido que hacer frente al dilema de acatar la decisión de los tribunales sin incrementar el déficit público y evitar el perjuicio a consumidores y empresas.
Algo que se debía de evitar a toda costa, aunque no estaba nada claro cómo hacerlo. Sin embargo, en la resolución que estipula los términos en que se va a cumplir la sentencia del Alto Tribunal, Soria ha encontrado un resquicio por el que se abre una puerta para que los usuarios no paguen el cierre del Castor. Si se demuestra que ha habido dolo o negligencia en el proceso de construcción y en su influencia en el incremento de actividad sísmica en la zona, la empresa deberá devolver la compensación recibida.
Una alternativa que es bienvenida, aunque no está exenta de dificultad, porque es complicado solventar errores que están en el nacimiento mismo del proyecto. Miguel Sebastián firmó un acuerdo leonino para evitar riesgos a la empresa y cargarlos a los consumidores. Una pesada herencia que su sucesor en el cargo se ve obligado a asumir y que a Sebastián ya no le va a pasar factura, pero sí a los usuarios que pagan su irresponsabilidad. Un tipo de actuación que ningún ministro debe repetir.
