El juzgado mercantil número 10 de Barcelona ha calificado como culpable el concurso de Spanair y ha condenado a su expresidente Ferran Soriano y a los miembros del consejo de administración, así como a la sociedad de la Generalitat Avançsa a pagar solidariamente 10,8 millones de euros.
Según han informado este miércoles fuentes jurídicas, la calificación se debe al retraso producido en la presentación de la solicitud de concurso voluntario de la sociedad. Además, la sentencia dada a conocer hoy declara la inhabilitación para la gestión de patrimonios ajenos durante 2 años a casi todos los consejeros, entre ellos al propio Soriano, y a la empresa de la Generalitat Avançsa como administrador de hecho de la empresa, así como a la sociedad Fira de Barcelona y a Inversions Turístiques i Comercials (Iticsa), filial de Turisme de Barcelona.
Spanair cesó su actividad el 27 de enero de 2012, dejando en tierra a casi 23.000 pasajeros, y el 30 de enero presentó concurso de acreedores con un pasivo de 474 millones de euros.
El juicio de Spanair empezó a principios de julio en Barcelona para tratar de esclarecer si el presidente de la compañía, Ferran Soriano, y el resto del consejo de administración eran culpables de un retraso injustificado de cinco meses al presentar el concurso de acreedores, a sabiendas de que la compañía era inviable, tal y como defiende el fiscal.
En su declaración ante el juez, Soriano descargó todas las culpas sobre la Generalitat de Cataluña ya que el Gobierno de Artur Mas se había comprometido a apoyar financieramente a la aerolínea durante todo 2011. En concreto, explicó que aunque en mayo de ese año el consejo de administración se planteó declarar el concurso de acreedores por la mala situación financiera de la compañía, al final no se hizo porque se recibieron 56 millones de euros de financiación con la entrada de la empresa pública Avançsa, mediante un préstamo participativo.
El objetivo de ese dinero era dar tiempo al equipo de Soriano para que negociara un acuerdo con Qatar Airways, por el que entregaría el 49% de Spanair a cambio de una inyección de 150 millones. Las negociaciones se mantuvieron hasta diciembre de 2011, momento en que se produjo una nueva inyección de 10 millones por parte de Avançsa.
Sin embargo, el acuerdo finalmente se frustró por el temor de esta aerolínea a que la Unión Europea obligara a Spanair a devolver las ayudas públicas recibidas, tras la denuncia presentada en este sentido por las compañías competidoras en el aeropuerto de El Prat. El importe de esas ayudas entregadas por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se estiman en unos 200 millones.
En diciembre de 2011, al fracasar la negociación con Qatar Airways, Soriano aún intentó abrir una nueva negociación con la aerolínea china HNA, pero cuando en enero de 2012 volvió a solicitar financiación pública, la Generalitat decidió cerrar el grifo.
"Intervención directa"
La sentencia establece que los miembros del consejo de administración intervinieron de manera "directa" en el agravamiento de la insolvencia una vez que la entrada del socio industrial se demostró inviable y continuando con la gestión de la compañía, es decir, "continuando la venta de billetes a los usuarios y no pagando durante el mes de enero de 2012 un importante y significativo número de deuda vencida y exigible".
Con ello, el juez determina que Ferran Soriano, Michael Balint Szucs, Fira de Barcelona, Miquel Martí, Jordi Bago, Josep Maria Benet, Inversiones Turistiques i Comercial (filial de Turismo de Barcelona), Josep Mateu, Catalana d'Iniciatives, que está en fase de liquidación, Benny Zakrisson y Avansça deben pagar 10,8 millones en concepto de déficit concursal.
Arranca el juicio de Spanair
