El juicio de Spanair que empezó ayer en el juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona trata de esclarecer si el presidente de la compañía, Ferran Soriano, y el resto del consejo de administración son culpables de un retraso injustificado de cinco meses al presentar el concurso de acreedores, a sabiendas de que la compañía era inviable, tal y como defiende el fiscal.
Ayer, en su declaración ante el juez, Soriano descargó todas las culpas sobre la Generalitat de Cataluña ya que el Gobierno de Artur Mas se había comprometido a apoyar financieramente a la aerolínea durante todo 2011. En concreto, explicó que aunque en mayo de ese año el consejo de administración se planteó declarar el concurso de acreedores por la mala situación financiera de la compañía, al final no se hizo porque se recibieron 56 millones de euros de financiación con la entrada de la empresa pública Advançsa, mediante un préstamo participativo.
El objetivo de ese dinero era dar tiempo al equipo de Soriano para que negociara un acuerdo con Qatar Airways, por el que entregaría el 49% de Spanair a cambio de una inyección de 150 millones. Las negociaciones se mantuvieron hasta diciembre de 2011, momento en que se produjo una nueva inyección de 10 millones por parte de Advançsa. Sin embargo, el acuerdo finalmente se frustró por el temor de esta aerolínea a que la Unión Europea obligara a Spanair a devolver las ayudas públicas recibidas, tras la denuncia presentada en este sentido por las compañías competidoras en el aeropuerto de El Prat. El importe de esas ayudas entregadas por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se estiman en unos 200 millones.
En diciembre de 2011, al fracasar la negociación con Qatar Airways , Soriano aún intentó abrir una nueva negociación con la aerolínea china HNA, pero cuando en enero de 2012 volvió a solicitar financiación pública, la Generalitat decidió cerrar el grifo.
Cese de actividad
Así, el 27 de enero de 2012, Spanair cesó su actividad dejando en tierra a casi 23.000 pasajeros y tres días después presentó concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 474 millones y anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 2.075 trabajadores.
En su declaración, Soriano, actualmente gerente del Manchester City, defendió que Spanair no era insolvente en 2011, ya que de los 759 millones que abonó la compañía en concepto de pagos, sólo 44 millones se realizaron fuera de plazo. Sin embargo, admitió que en junio de 2011, la aerolínea debía una cantidad a Aena, correspondiente a las tasas aeroportuarias de mayo y junio, por un importe de unos 12,8 millones de euros. Por aquel entonces, la empresa contaba con 18 millones de euros en caja que destinó a pagar una parte del combustible necesario para que sus aviones volasen ese verano.
Según Soriano, Aena tenía interés en que Spanair sobreviviera y por eso aceptó negociar el pago de las tasas en vez de paralizar la operativa de la aerolínea.
Tres días de juicio
Las declaraciones del juicio por la quiebra de Spanair seguirán hoy, cuando está previsto que declaren los peritos que han realizado los informes sobre la compañía. Mañana jueves será el fiscal quien lea sus conclusiones.
La Fiscalía pide 72 millones a los integrantes del consejo de la empresa por retrasar cinco meses la presentación del concurso de acreedores, pese a conocer que la sociedad era insolvente desde junio del 2011. Esta cantidad sería el déficit que se generó por esta demora.
Soriano culpa a la Generalitat
