La familia González Mejía lleva más de diez años luchando por hacer efectiva una sentencia del Tribunal Supremo de 1997, donde se le reconocía su derecho de adquisición forzosa de unos terrenos que labraron durante años y donde hoy se levanta el Residencial Francisco Hernando. La maestría de El Pocero y sus abogados, ayudados por la lentitud de la justicia, impidió a los González Mejía hacerse con los terrenos
Hasta que un día Onde 2000 apareció con sus máquinas y echó de "malos modos" a los agricultores, según han denunciado ellos en numerosas ocasiones.
Tanto se dilataron los plazos que, al final, Francisco Hernando consiguió parte de su objetivo: quedarse con los terrenos. A pesar de la sentencia del Supremo, los tribunales de Toledo decidieron sustituirla por una indemnización. Pero todavía hay más. Los tribunales de Toledo han ido reduciendo desde tres millones hasta 2,4 millones, primero, y después hasta algo más de un millón (1,09 millones), según la última sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo contra la que no cabe recurso ordinario.
El terreno en litigio alcanza una extensión de casi 720.000 metros cuadrados, lo que supone valorar cada metro cuadrado en 2,4 euros.
Aunque la cifra definitiva que deberá pagar Onde 2000 a la familia González Mejía es muy inferior a la que estuvo expuesta, llega en un momento especialmente delicado para El Pocero, cuyas empresas atraviesan serias dificultades por la crisis del sector inmobiliario y por la mala planificación que hizo el empresario al dejarse llevar por su ambición. Hasta la prestigiosa revista británica The Economist afirma que el Residencial Francisco Hernando es un claro ejemplo del exceso de oferta existente en el mercado inmobiliario español.
De hecho, nada más conocer la sentencia, el constructor reclamó los 1,7 millones que sobraban del aval que se vio obligado a depositar en el juzgado. Esta petición intranquiliza enormemente a la familia González Mejía, quien teme que El Pocero desaparezca una vez recupere este dinero. Por eso, analizan cómo poder continuar con la batalla legal.
