MADRID (Reuters) - La reforma fiscal que promueve el gobierno español para fomentar la recuperación de la economía y devolver unos 9.000 millones de euros a los contribuyentes mediante un recorte del IRPF y el Impuesto de Sociedades (IS) contiene algunas sorpresas negativas para colectivos tan distintos como pequeños accionistas, arrendatarios de pisos o despedidos que cobran una indemnización de sus empresas.
"Se va a reducir o eliminar a partir del 2015 el tratamiento fiscal favorable al alquiler", dijo el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, en la presentación de la reforma.
Otra novedad será el previsto gravamen de dividendos inferiores a los 1.500 euros (hasta ahora exentos) o el nuevo tratamiento fiscal de las indemnizaciones por despidos, que se consideran a partir de ahora como remuneración adicional y -- con un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado -- se suman a la base impositiva de los ciudadanos afectados.
Aunque Hacienda no dio previsión de recaudación alguna, el diario ABC estima que solo esta última medida, que ya ha entrado en vigor el viernes pasado con la presentación del anteproyecto de la reforma, aportaría a las arcas públicas hasta 200 millones de euros al año.
"Nos parece una medida injusta porque penaliza de manera doble a los trabajadores despedidos que de manera involuntaria han sido expulsados de sus puestos de trabajos", dijo Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT. "Creemos que el gobierno debe de abrir un proceso de diálogo para revisar estos temas".
Otra iniciativa recaudatoria -- esta vez a instancias de Bruselas -- es la subida del IVA de una serie de productos sanitarios, que se gravan actualmente con el 10 o el IVA superreducido del 4 por ciento y tributarán a partir de 2015 con el 21 por ciento.
"Esta medida supondrá unos 300 u 400 millones de euros", contestó Ferre a preguntas de periodistas.
Por otra parte, la banca no verá rebajado el impuesto de sociedades como las demás empresas al 25 por ciento.
"La intención es mantener el IS de la banca en el 30 por ciento", dijo Ferre.
Según algunos expertos, esta medida no tiene un afán recaudatorio sino que permitiría a las entidades mantener el ritmo de amortización de los créditos fiscales surgidos a raíz de las pérdidas multimillonarias que se acumularon durante la crisis financiera.
