La mayoría de los acreedores de Fagor Electrodomésticos no van a poder cobrar sus deudas, ya que según el Informe provisional de los Administradores Concursales se valora los activos de la compañía en apenas 272,06 millones de euros, mientras que el conjunto de las deudas sobrepasa los 1.048,18 millones.
Esta valoración está fechada a 30 de abril y supone una enorme depreciación respecto de la anterior valoración provisional realizada en octubre de 2013, en el momento de la presentación del concurso, en que se hablaban de activos por valor de casi 800 millones. En este periodo se han deteriorado gran parte de los inmovilizados relacionados con propiedad industrial, I+D, etc.
En este informe se ve que Fagor Electrodomésticos apenas tenía patrimonio, ya que ni si quiera las marcas eran suyas, sino del Grupo Fagor (en el que se incluyen otras cooperativas, que no están en concurso, que comparten el nombre Fagor y que se centran en otros sectores como automatización, automoción, cocina industrial, etc.).
Además, los crecientes problemas económicos que arrastraba la cooperativa desde 2010 le llevaron a hipotecar la mayoría de sus bienes e incluso a vender sus plantas productivas, para después seguir explotándolas en régimen de arrendamiento.
Así, de las cinco plantas productivas y una logística que tenía en el País Vasco, sólo una de ellas, la fábrica de ollas de Eskoriatza (Gipuzkoa) está en régimen de propiedad. Hay otras dos plantas que desde 2011 están en manos de la Corporación Mondragón, a través de una sociedad instrumental, por las que Fagor recibió 55 millones, de los cuales empleo 53,5 millones para pagar deudas bancarias.
En los activos del concurso no se incluyen las plantas de Francia y Polonia, que llevaron procesos mercantiles separados y que ya están integradas en la argelina Cevital.
Por grandes acreedores, las deudas a los bancos rondan los 380 millones; a las instituciones públicas vascas otros 75 millones; y los créditos de Corporación Mondragon y diferentes cooperativas de la misma se elevan a otros 240 millones.
Además, hay cientos de antiguos trabajadores que han perdido los ahorros de toda su vida, en aportaciones voluntarias y créditos al capital que no tiene prioridad.