El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos que interpusieron la Generalitat y el Parlamento de Cataluña contra la Ley del Sector Eléctrico aprobada en diciembre por el Gobierno y que entró en vigor a principios de año.
En sendas providencias, el Alto Tribunal da traslado de la demanda al Congreso, al Senado y al Ejecutivo, que disponen de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
Tanto el Gobierno como el Parlamento catalán recurrieron la citada ley por considerar que contiene artículos que vulneran las competencias de la Generalitat, sobre lo que el Constitucional resolverá en próximas fechas, ya que hoy no emite pronunciamiento alguno sobre el fondo de la cuestión.
Según el Ejecutivo autonómico, la Ley del Sector Eléctrico "vacía de contenido" la competencia de la Generalitat en materia de energía y de consumo y perjudica la competitividad de la industria catalana.
En concreto, el Govern considera que la norma vulnera las competencias de la Generalitat en aspectos como la regulación del autoconsumo de energía eléctrica, las obligaciones y los derechos de las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad, los planes de ahorro y eficiencia energética o la calidad del suministro.
Además, plantea la inconstitucionalidad de aquellos artículos de la normativa que regulan los criterios fijados para determinar las instalaciones de generación o de transporte primaria peninsular.
La Generalitat también recurrió los preceptos referentes a la resolución de discrepancias sobre conflictos de conexión a la red y aquellos que asignan al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la resolución de las reclamaciones por parte de los usuarios, en un procedimiento alternativo al arbitraje de consumo.
Por su parte, el Parlamento catalán coincide en que la normativa vulnera las competencias de la Generalitat y recurrió los artículos 9, 40, 43.5, 46, 51 y 52.4, además de la disposición final segunda.
El Parlament recuerda que la Generalitat tiene competencias sobre la actividad de distribución de energía llevada a cabo en Cataluña, sobre las actividades de producción, almacenaje y transporte, y para otorgar autorizaciones de instalaciones que transcurran íntegramente por el territorio catalán.
La nueva Ley del Sector Eléctrico, en vigor desde principios de año, constituye el marco normativo de la reforma eléctrica emprendida por el Gobierno en julio de 2013 con el objetivo principal de acabar con el déficit de tarifa -desfase entre ingresos y gastos del sistema eléctrico, que suma una deuda superior a los 30.000 millones de euros-.
La propia redacción final del texto ya suponía incumplir su objetivo, ya que reconocía la posibilidad de generar hasta 3.600 millones de euros de déficit tarifario en 2013 tras retirar por iniciativa del PP varias aportaciones presupuestarias previstas hasta entonces.
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