La banca tiene en este momento dos opciones sobre la mesa para afrontar el futuro de Pescanova: la liquidación y posterior rescate de la compañía o, por el contrario, sustituir a Damm y Luxempart en la propuesta de convenio y hacerla suya cambiando los tramos de la deuda. Esas son las dos opciones en las que están trabajando ahora mismo Sabadell, Popular, NGC, BBVA y Caixabank, que ayer se reunieron con su asesor, KPMG, para estudiar que vía seguir para poder salvar a la empresa gallega.
A la espera de que acabe el miércoles de la semana que viene la prórroga dada por el juez para adherirse al convenio de acreedores todo indica así que, de un modo u otro, Sabadell, que suma 226,7 millones de deuda, se convertiría en el primer accionista de la compañía tras capitalizar deuda. A continuación de la entidad que preside Josep Oliu figurarían el Popular, que tiene créditos pendientes por 182 millones, CaixaBank, con 178 millones, NCG, con 147 millones, y BBVA, con 105 millones de euros.
En un principio, Damm y el fondo de inversión luxemburgués Luxempart exigían que la deuda se situara en 700 millones de euros tras una quita media del 72%, mientras que las entidades financieras planteaban que se reconociera un pasivo de 1.000 millones de euros.
Reestructuración
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, fuentes financieras han explicado a este periódico que Damm ha accedido a retirarse y dejar paso a la banca con el objetivo de evitar la liquidación. No obstante, las entidades tendrían que reestructurar los tramos de la deuda para garantizarse un pago mayor al previsto y el gran problema es que el tiempo corre en contra.
El pasado lunes el consejo de administración de la empresa se reunió para analizar las distintas posibilidades y fue entonces cuando varios consejeros independientes plantearon la posibilidad de llevar a cabo una reestructuración al margen de Damm.
Si este acuerdo no fuera posible, la idea de los cinco grandes bancos acreedores, que representan un 60% del pasivo, pasa por liquidar la empresa y reflotarla después reestructurando la deuda en dos tramos -uno senior de 500 millones y otro junior de otros 500 millones más- inyectando 115 millones para salvar los activos españoles. A partir de ahí se trabajaría también en una posible reorganización de los negocios internacionales, en principio mucho más complicada.
La banca ha dejado ya claro que la prioridad es el mercado español y que no inyectará dinero para impedir, por ejemplo, la subasta de los activos en Chile, que ha entrado ya en su recta final. Pero tampoco para salvar los negocios de acuicultura (piscifactorías) en Centroamérica y Portugal.
Sobre la mesa se abre, en teoría, otra posibilidad, pero mucho más complicada de llevar a cabo. Según el decreto ley del pasado 7 de marzo, que reformó la ley concursal, un grupo de acreedores que represente el 60% del pasivo financiero podría frenar la liquidación con un plan para capitalizar créditos y asumir el control de la compañía.
Deloitte, el administrador concursal del gigante de la pesca, remitió ya un informe al juez que gestiona su concurso en el que alertaba de la existencia de riesgos e incertidumbres en el plan de Damm para salvar la compañía, advirtiendo además de que existen dificultades que pueden ser insalvables ante la falta de acuerdo con la banca.