Empresas y finanzas

Unicaja, Novagalicia y BMN, las entidades españolas más eficientes

Unicaja, Novagalicia y BMN son las entidades españolas más eficientes, ya que sus gastos operativos consumen una menor proporción de sus ingresos. En concreto, en la primera la ratio de los costes de explotación más las amortizaciones sobre el margen bruto se sitúa en el 37,7%, mientras que en las otras dos en el 41%.

La eficiencia es uno de los parámetros en los que más foco han puesto las entidades financieras a lo largo de la crisis ante el desplome de los ingresos. Todas han ajustado sus estructuras con el objetivo de mejorar su cuenta de resultados. Para ello han aprovechado el proceso de fusiones para acelerar el recorte de los gastos, a través de prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo (ERE) y reducciones de salario, además de el cierre masivo de sucursales.

En las rescatadas con dinero público, como en Novagalicia y BMN, el proceso de ajuste ha sido impuesto por Bruselas. De hecho, en ambos casos, una parte importante de la merma de los costes se debe a que han tenido que desprenderse de una parte impórtente de su negocio para recapitalizarse. El grupo gallego se ha deshecho de Evo Banco, además de una red de sucursales fuera de su área de influencia. BMN, por su parte, traspasó la actividad bancaria de Caixa Penedés, es decir, casi un tercio de su negocio.

Caixabank, con un 72%, es la entidad menos eficiente debido a los costes extraordinarios de los planes de reestructuración puestos en marcha tras la absorción de Banco de Valencia y Banca Cívica. El año pasado se anotó una factura de 825 millones para afrontar este ajuste adicional, con lo que sus gastos de explotación ascendieron a más de 4.000 millones. Sin la carga extraordinaria el ratio se mantendría por debajo del 60%.

El Santander también ha visto empeorar el ratio hasta superar el 60% este parámetro como consecuencia de la integración de su actividad en nuestro país. El grupo procedió a la absorción de Banesto y Banif por parte de su filial española.

Visión del supervisor

La mayor parte de las entidades tienen el ratio por encima de la recomendación del Banco de España, que sitúa en el 50 por ciento el nivel máximo adecuado para operar. De hecho en todos los planes de negocio de las entidades con ayudas públicas se establece este umbral como objetivo.

El sector es consciente de que aún debe llevar a cabo una mayor contención de los costes, por lo que previsiblemente habrá nuevos ajustes de sus estructuras (oficinas y plantillas). Hace dos semanas la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, hacía hincapié en este aspecto y avanzaba que en el conjunto del sistema debía mermar a prácticamente la mitad el número de sucursales a la mitad de las que contaba en la actualidad y que gran parte de los servicios centrales se tendrían que externalizar.

En los últimos seis años la red de oficinas se ha reducido un 25 por ciento. El sector ha cerrado casi 12.000, según datos del Banco de España. La mayor parte del ajuste se ha producido en las antiguas cajas de ahorros, que han vivido una transformación histórica. Han clausurado casi 8.000 de las sucursales instaladas en toda la geografía española.

En cuanto a la plantilla, el número de trabajadores afectados por la reconversión del sistema asciende a 55.000, es decir, un 20 por ciento del total. Como en el caso de la red, las cajas de ahorros han materializado la parte más relevante del recorte, con casi 37.000 empleados prejubilados o despedidos.

Al margen de estas medidas, algunas entidades han puesto en marcha reducciones de jornada para minimizar al máximo posible los costes laborales. Asimismo, han cancelado la aportación a los planes de pensiones y a otra serie de incentivos y complementos salariales.

La retribución de los altos directivos también ha experimentado una bajada, que el caso de las entidades que han recibido ayudas públicas ha sido limitada a 300.000 euros anuales para las nacionalizadas y a 500.000 para las que han requerido recursos de los contribuyentes. La medida se tomó tras los escándalos de las indemnizaciones.

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