La industria financiera británica afronta una fase de supervisión con la que el flamante nuevo todopoderoso Banco de Inglaterra (BoE, en sus siglas en inglés) intentará imponer moderación en los tradicionales excesos retributivos.
El proceso pondría en jaque a cualquier sector, pero la City asiste con una mezcla de curiosidad leve e impasibilidad al desarrollo de unos acontecimientos que podrían forzar a los ejecutivos a devolver los controvertidos bonus si las entidades para las que prestan sus servicios topan con problemas, o su propia actuación profesional no se ajusta a los cánones admitidos por consenso como aceptables.
La perspectiva en sí sería suficiente para agitar de nuevo los temores sobre una fuga de talentos a centros financieros más tolerantes con pagas estratosféricas y recompensas económicas que duplican los salarios anuales. Sin embargo, en Londres preocupa más la deriva de las tendencias anti-europeístas que dominan la esfera política británica que la perspectiva de propuestas remunerativas infranqueables. La City ha visto días peores días que los actuales y aunque el BoE está a punto de entregar a la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA, en sus siglas en inglés) los poderes para endurecer su acercamiento a los controvertidos bonus, donde hay una ley, hay una trampa.
En principio, el gobernador del BoE, Mark Carney, no sólo ha indicado su deseo de endurecer el código vigente de conducta salarial, sino que está dispuesto a obligar a devolver las pagas extraordinarias e, incluso, a forzar que su entrega se aumente de entre los tres y cinco años de plazo actuales hasta una larga década. En las próximas semanas, la PRA comenzará la tarea de actualización de los códigos de remuneración de los bancos y sus objetivos temporales son tan ambiciosos que confía en que estén listo para introducirlos en las políticas corporativas de 2015.
Su idea es, a priori, sencilla: se trata de mejorar el vínculo entre la recompensa y la madurez de los riesgos asumidos para obtenerla. En definitiva, constituye un mecanismo que teóricamente desincentiva las prácticas peligrosas al convencer de que la amenaza que suponen no genera beneficios ni para el individuo en cuestión, ni para la empresa para la que trabaje.
En la City la idea no gusta, es más, nombres de peso como el consejero delegado de Barclays han advertido de que el efecto podría ser contraproducente, puesto que los ejecutivos deducirían que si el premio llega a los diez años, el interés decaería, ya que un período tan prolongado eliminaría los incentivos de reforma de conducta y, por lo tanto, no se obtendría la ansiada mejora de comportamiento de los ejecutivos, independientemente de su rango.
La clave, por tanto, radica en el espíritu de la norma. Si la crisis ha demostrado algo es la capacidad del sector financiero británico de mantener los pilares del negocio, libres de lo que considera injerencias regulatorias y con sobrada capacidad para esquivar las normas que amenazan su estatus remunerativo. Su sofisticación es tal que Bruselas ha comenzado ya a desconfiar de la voluntad del Gobierno británico de impedir a los bancos esquivar las reglas comunitarias en materia de coto a los bonus.
Bruselas pide información
La Comisión Europea ha pedido ya información específica a Londres y el comisario de Competencia, Michel Barnier, ha advertido de que permanecerá vigilante para asegurar el cumplimiento estricto de las leyes de control de las pagas extraordinarias.
En Bruselas reconocen que es pronto para determinar si algún Estado miembro ha vulnerado la directiva de requerimientos de capital en la que se incluye el control a los bonus. No obstante, el malestar del Gobierno británico con esta medida es oficial y el ministro del Tesoro ha denunciado ante el Tribunal de Justicia de la UE el límite que desde el 1 de enero reina, teóricamente, sobre los bonus. George Osborne considera que la propuesta de restringirlos al 100 por cien del salario anual, o del 200 si cuenta con la aprobación de los accionistas, es contraproducente, puesto que los bancos se limitarán a elevar la base retributiva y a aprobar especificidades en forma de acciones.
La connivencia del Gobierno, además, no se limita al apoyo a los jugosos paquetes retributivos de los banqueros. La beligerancia de la coalición por la misma City cuya defensa había llevado a David Cameron a romper negociaciones en la reforma del Tratado europeo vigente ha generado ahora, en plena crisis con Ucrania, una posición ambivalente a partir de la que Londres condena las incursiones soviéticas, pero, a la vez, recomienda "no cerrar para los rusos el centro financiero londinense".
Un documento presentado esta semana en Downing Street levantó la polémica y, aunque Londres insiste en que, de continuar, las acometidas tendrán "costes y consecuencias", los intereses del centro neurálgico de las finanzas en el continente están, de momento, garantizados.
Cruzada contra los bonus
