MADRID (Reuters) - El Gobierno español tiene previsto aprobar el viernes un nuevo decreto para reformar la ley concursal con el fin de evitar la quiebra de empresas viables facilitando los acuerdos de refinanciación y su tratamiento contable y fiscal, dijeron fuentes conocedoras de las intenciones del Gobierno.
"Se trata de atajar las consecuencias de la burbuja del crédito y el elevado apalancamiento agilizando acuerdos de empresas con mucha deuda pero viables y evitando liquidaciones que no tienen sentido y son perjudiciales para todos", dijo una fuente con acceso al borrador del decreto, para añadir que se reducirá el quórum necesario entre los acreedores para aplazar el pago de deudas, convertir parte de la deuda en capital o aplicar quitas.
Tras aprobar decisivas normas en materia macroeconómica para corregir los desequilibrios provocados como consecuencia de la crisis - desde la reforma laboral a la bancaria - el Gobierno quiere evitar ahora los efectos sobre el empleo y la economía del exceso de apalancamiento que ha llevado a varias empresas emblemáticas - desde Fagor (más de 80.000 empleados) a Pescanova (más de 10.000 empleos directos) - al borde de la disolución.
El endeudamiento del sector privado es uno de los mayores desequilibrios actuales de la economía española, con un volumen que prácticamente duplica el PIB nacional.
El Consejo General de Economistas y los expertos en economía forense de Refor, que presentaron la víspera un informe recomendando la mejora de los procesos de refinanciación, estimaron que unas 15.000 medianas empresas españolas y otras 50.000 pequeñas corren riesgo de cierre en el primer semestre por la incapacidad de renegociar deuda después de que datos oficiales reconozcan 10.000 empresas y particulares declarados en quiebra en 2013.
El decreto eliminará el derecho de veto de acreedores parciales que actualmente condena a numerosas empresas a situación concursal y establecerá límites de acuerdo más bajos tanto para aplazamientos en el pago de deudas como para aprobar quitas o convertir deuda en capital o activos.
PROVISIONES BANCARIAS
Para facilitar las refinanciaciones, la norma conllevará un mejor tratamiento de acuerdos de viabilidad en unos balances bancarios constantemente sometidos a examen de calidad y que recientemente se vieron cargados de elevadas provisiones en su cartera de créditos refinan ciados, cerrando más si cabe el acceso de las empresas a dinero fresco para salir del bache.
"El Banco de España deberá elaborar posteriormente la norma sobre las provisiones a aplicar en casos de refinanciaciones de forma que los acuerdos, obviamente bajo determinadas condiciones que habrá que cumplir, permitan liberar provisiones en los tres tipos de acuerdos posibles: quitas, aplazamientos de pago o conversión de deuda en capital", explicó la fuente. "El crédito subestándar pasará a tener condición de normal si se cumplen los requisitos".
De hecho, ha sido el sector bancario, al que el Gobierno reclama abrir el grifo del crédito, el que ha presionado para que las normas alivien sus balances para asumir su parte de responsabilidad en el "rescate" de empresas que figuran entre las más endeudadas de Europa.
Otra fuente próxima a Hacienda confirmó también que, en línea con esta norma, el ministerio que capitanea Cristóbal Montoro aprobará medidas para tratar de no penalizar fiscalmente los acuerdos de refinanciación.
"Son medidas destinadas a facilitar la parte fiscal de la refinanciación de las empresas (...) En el caso de operaciones de capitalización de deuda, se busca que sean neutrales fiscalmente y, en el caso de las quitas, que la pata fiscal no dificulte los acuerdos", dijo la fuente.
Hacienda también estudia una ampliación de las exenciones en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD) en acuerdos de refinanciación que incluyan, por ejemplo, descuentos en la deuda.
¿NUEVO "BANCO MALO"?
Algunos de los mayores bancos del país incluso han llegado a proponer la creación de una especie de "banco malo" para agrupar eventuales participaciones por capitalización de crédito en un fondo gestionado externamente .
En el entorno de Economía desvinculan al Gobierno de una iniciativa de este calibre, aunque reconocen que las nuevas normas permitirían la creación esta figura, contemplada en un informe privado elaborado por N+1 y McKinsey bajo el encargo, según diversas fuentes, de bancos entre los que se encuentran Santander, BBVA, Bankia, Caixabank o Sabadell. Los bancos rehusaron comentar.
Con las pruebas europeas sobre la calidad de los activos bancarios a la vista, la nueva norma aliviará en parte los duros requisitos de saneamientos aplicados a la banca española que, en los últimos dos años ha tenido que dotar decenas de miles de millones de provisiones para cubrir el riesgo inmobiliario y, recientemente, también las refinanciaciones (con un coste estimado de 5.000 millones de euros para todo el sector).
/Por Carlos Ruano y Sarah White/
