
El Ministerio de Industria podría no haber calibrado bien las consecuencias de los recortes a las energías renovables que también afectan a la cogeneración, sistema de generación eléctrica eficiente que utiliza la industria al aprovechar la generación de calor sobrante de sus procesos industriales.
La nueva normativa supondrá un impacto de unos 750 millones de euros y ahogará a una actividad que representa el 20% del PIB del país.
Fuentes del sector explicaron a elEconomista que este nuevo golpe, que se suma al tijeretazo de 650 millones de euros del pasado año, provocará que la mayor parte de las azulejeras, papeleras, químicas y siderúrgicas no puedan cubrir los costes operativos de las casi 1.000 instalaciones operativas.
De esta manera, muchas plantas industriales comenzarán a operar a pérdidas, lo que conllevará un cierre masivo de estas instalaciones. Los recortes que ya entraron en vigor el pasado año a través de las nuevas tasas a la generación eléctrica provocaron que el 20% de la cogeneración en España esté parada.
Ahora, las mismas fuentes auguran que la mayor parte de las plantas que aún están en funcionamiento se verán obligadas a cerrar, con lo que la reducción de primas a esta tecnología superará en realidad los 1.200 millones de euros.
Hay que reseñar que la decisión del Gobierno de acabar con la cogeneración en España no sólo perjudicará gravemente a la industria, a la eficiencia energética y al medio ambiente sino que, además, implicará la destrucción de la gran mayoría de los 15.000 empleos directos e indirectos que dependen del sector.
Curiosamente, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha mostrado públicamente una férrea defensa del tejido industrial y justifica la reforma energética en la necesidad de impulsar un mejor precio de la electricidad que ayude a la plantas industriales a ser más competitivas frente a países vecinos.
Sin embargo, la orden que desarrolla la nueva retribución muestra un pleno desconocimiento de este sector en muchos aspectos. Por un lado, las nuevas primas buscan garantizar una rentabilidad del 7,3% para una "eficiente y bien gestionada", cuando la cogeneración está catalogada desde Bruselas como empresas de "alta eficiencia".
Por otro lado, se definen 806 plantas tipo para 985 instalaciones de cogeneración que en su mayoría no reflejan la realidad de las plantas (inversión realizada, rendimiento, costes de explotación y precio de la energía cogenerada). Todo ello arroja una retribución incluso inferior a sus costes operativos.
Aunque en los últimos días ha transcendido que la eólica es la tecnología más perjudicada, hay que tener en cuenta que los recortes no afectan a su funcionamiento porque el mayor coste es el asociado a la amortización de la inversión. En cambio, el impacto a la cogeneración golpea de lleno a la industria asociada porque perjudica a sus costes operativos.
La cogeneración no ha tenido un crecimiento desorbitado en los últimos años, sino que se ha mantenido en 6.000 megavatios (MW) desde 2006 e incluso la energía que aportó al sistema en el segundo semestre de 2013 se redujo en un 13%.
Posibles deslocalizaciones
Los continuos embistes a esta actividad ya han provocado la advertencia de deslocalizaciones hacía países con una mayor sensibilidad industrial. Este fue el caso de Alcoa, con fábricas en Asturias (Avilés) y Galicia (La Coruña y San Ciprián), que ha amenazado en varias ocasiones con el cierre de instalaciones por los altos costes de energéticos en España.
La factura eléctrica para la industria representa en muchos casos el 40% de sus costes. De ahí que hayan realizado importantes inversiones en cogeneración para generar su propia electricidad y compensar los costes a través de los incentivos que recibe esta tecnología. Las primas percibidas por la cogeneración ascendieron a 1.960 millones de euros en 2013, el 22% del total.
Con los nuevos recortes muchas plantas tampoco podrán amortizar estas inversiones y ni siquiera han podido cerrar presupuestos para este año por la incertidumbre que ha sembrado el Ministerio. La reforma energética fue aprobada el pasado mes de julio y hasta esta semana no se han conocido los nuevos incentivos. Previsiblemente, hasta marzo no se aprueba esta orden ministerial.
De ahí que el malestar se haya avivado y la industria podría ser la gran pagana de la reforma energética, cuando es una pieza muy sensible teniendo en cuenta la situación económica del país y que los Estados miembros que han respondido mejor a la crisis son los que tienen un sector industrial potente.
Dentro de todas las instalaciones que utilizan cogeneración, hay un claro exponente de la agresión que supone el recorte de primas: las plantas de tratamiento de purines de porcino con cogeneración. En concreto, ninguna de las 29 instalaciones de estas características existentes en España sobrevivirá con la regulación propuesta, al no llegar a cubrir ni siquiera sus costes de combustible con los nuevos parámetros retributivos.
El cierre inmediato de estas plantas supondrá la pérdida de más de 4.000 empleos entre directos e indirectos y que se dejen de tratar unas 2,5 millones de toneladas de purín, lo que equivale a no tratar las aguas residuales de una población de 3,5 millones de habitantes sin que exista, a día de hoy, una solución alternativa. Esto no sólo supondrá un lastre para el medio ambiente, sino que también afectará negativamente a la floreciente industria agroalimentaria española.