Empresas y finanzas

Ribera Salud pide entrar en los hospitales privatizados sin 'tocar' a los funcionarios

  • Las adjudicataria del concurso de Madrid propone esta solución "temporal"
Imagen: Archivo

Las empresas adjudicatarias del concurso de hospitales en Madrid, las españolas Sanitas y Ribera Salud y la puertorriqueña Hima San Pablo, estarían dispuestas a asumir las riendas de los seis centros sanitarios sin controlar, de momento, la gestión del personal sanitario.

Así lo ha podido conocer elEconomista Sanidad de fuentes solventes, que aseguran que esta solución sería, en todo caso, temporal, hasta que los jueces decidan sobre la legalidad del proceso. Ribera Salud ya ha solicitado esta opción en un recurso presentado ante la Sala que tiene paralizado el proceso.

Esto significaría que las empresas adjudicatarias mantendrían a la totalidad del personal del hospital con el estatuto jurídico que ostente en la actualidad -en la mayoría funcionarios- y bajo la dependencia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En este punto del proceso, con la adjudicación paralizada desde el 11 de septiembre, y sin visos de resolverse a corto plazo, lo que solicitan las adjudicatarias es un suspensión parcial y no total del concurso.

El personal puede elegir

Hay que recordar que los seis hospitales de este proceso -Vallecas, Aranjuez, Coslada, Parla, San Sebastián de los Reyes y Arganda del Rey- suman unos 2.000 sanitarios fijos que se rigen en su mayoría por un régimen estatutario similar al de los funcionarios públicos. Según los pliegos de este concurso, el plan de movilidad de los funcionarios es "totalmente voluntario", mientras que el personal temporal, unos 2.800 interinos y eventuales, tiene asegurado el mantenimiento del empleo. El personal fijo podía elegir entre tres posibilidades: continuar en el mismo hospital pero dependiendo del Servicio Madrileño de Salud, con el mismo sueldo y condiciones laborales; trabajar para la empresa si ésta le ofrece mejores condiciones, solicitando una excedencia "muy privilegiada" y pudiendo volver cuando quiera a depender de la Consejería de Sanidad, o bien acogerse al plan de movilidad.

Ahora, las empresas ofrecen que todo se quede como está en el capítulo laboral, el principal escollo que ha encontrado este proceso desde su anuncio hace ya 14 meses. Las concesionarias entienden que sería una medida "provisional" que permitiría la gestión del servicio "evitando daños a los licitadores" y que a la vez cumpliría la finalidad legal de gestión indirecta de estos hospitales mientras se resuelve la legalidad del proceso. Para las empresas ganadoras del concurso, estas nuevas condiciones temporales serían fácilmente reversibles a las originales de los pliegos.

Sanitas, Ribera Salud y el grupo puertorriqueño Hima San Pablo habían ofrecido a todo el personal interino y eventual de sus 'nuevos' seis hospitales externalizados en Madrid pasar automáticamente a tener un contrato indefinido y sin periodo de prueba. La intención, al menos, de Sanitas y Ribera Salud, nuevos gestores de tres de los seis hospitales, Coslada la primera, y Vallecas y Arganda del Rey la segunda, era ofrecer a los trabajadores regirse por el convenio colectivo de clínicas privadas.

Entre otras características este convenio contempla una jornada laboral de 40 horas semanales. En el régimen de interino y eventual en los hospitales actuales, estos trabajadores tenían una jornada laboral de 37,5 horas. El convenio de clínicas privadas ofrece a este personal otra serie de condiciones, como que la jornada laboral será en todo caso de entre 7 y 10 horas y que deberán pasar al menos 12 horas entre una jornada de trabajo y la siguiente. Además, se recogen otra serie de beneficios en la nómina como un plus por transporte o el servicio de comedor.

Las empresas concesionarias ya habían establecido los primeros contactos con los trabajadores y los equipos directivos actuales hasta que llegó la suspensión.

Recurso de Ribera Salud

Ribera Salud y Sanitas ya presentaron sendos escritos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se presentan como parte "damnificada" por la suspensión cautelar decretada en septiembre. En el caso de Ribera Salud la compañía valenciana presentó en el mes de octubre un recurso de reposición al TSJM contra el auto de suspensión, en el que solicita que se reanude el proceso y se levante su suspensión. La empresa argumenta que la suspensión del proceso "causa daños a las sociedades concesionarias". En concreto, de 1,4 millones al año, asegura.

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