SACYR
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Las negociaciones entre el consorcio adjudicatario de las obras de ampliación del Canal de Panamá (GUPC) y los responsables del paso transoceánico siguen sin dar frutos. Hoy es el último día antes de que el GUPC pueda paralizar los trabajos y aunque ya ha dicho que de momento no plantea esa situación, lo cierto es que las partes siguen atascadas en la búsqueda de una salida al conflicto. El consorcio da a entender que no paralizará la obra mientras se negocie.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) está firme en sus pretensiones y ha anunciado que su intención pasa por inyectar al proyecto un total de 207 millones de euros, 73 millones de los cuales correrían a cargo del GUPC. Con parte de esa cantidad como aval, el consorcio podría acudir al mercado de crédito a por nuevos fondos y terminar la obra en el caso de que esta inyección de capital resulte insuficiente.
El GUPC, sin embargo, no ve viable esta solución a largo plazo y ya ha hecho llegar a la ACP que si quiere dar carpetazo a los problemas de liquidez que arrastra el proyecto la inyección de dinero nuevo que debería aportar asciende a 293 millones de euros. En lo que sí coinciden ambas partes es que la cantidad que debería destinar el consorcio sea de poco más de 70 millones de euros.
Llegados hasta aquí, como ya adelantó este diario la semana pasada, la división interna en el consorcio también está suponiendo un duro obstáculo que superar en las negociaciones. Sobre todo por la posición del socio italiano Impregilo, el cual ha rechazado en numerosas ocasiones la oferta de la ACP. Esta oferta, en el caso de que no fuera posible acordar otra cosa, podría ser aceptada en última instancia por Sacyr, que junto con la italiana controla el 96 por ciento del consorcio (48% cada una).
Apoyos en el consejo
Para ello, la española estaría buscando el apoyo de las otras dos empresas que forman parte del GUPC, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, de manera que la postura de la española tenga mayoría dentro del consejo del consorcio y por lo tanto Impregilo tenga que acatar la decisión sí o sí. No obstante, en el caso de no estar de acuerdo, la firma italiana siempre podrían abandonar el GUPC, algo que parece más bien improbable. Y es que dejar un proyecto de este tipo a medias y abandoanar la obra sería un golpe demasiado fuerte para la imagen de la compañía, presente en multitud de licitaciones internacionales. Por el lado de la empresa belga, ésta ya ejecuta trabajos en el canal por medio de otro contrato, por lo que parece más dispuesta a seguir adelante con la obra y encontrar una solución amistosa al problema. En cuanto a CUSA, ésta se posiciona del lado del Gobierno de Panamá, por lo que acabar el proyecto es una prioridad.
En cualquier caso, la ACP también ha hecho uso de todas las armas disponibles para meter más presión a las negociaciones y lograr que el GUPC dé por buena su propuesta. Para ello no ha dudado en señalar una y otra vez que tiene capacidad suficiente para acabar el proyecto de ampliación con otras empresas. Un escenario para el que ya ha mantenido contactos con varias constructoras. Asimismo, la autoridad panameña ha aireado que este martes tendrá una reunión con Zurich, la aseguradora del proyecto y la que tiene la fianza de 440 millones del contrato de construcción.
"Nuestro plan es terminar con la obra lo más pronto posible, estamos preparándonos para cualquier eventualidad. Estamos preparados para seguir adelante con la obra", dijo ayer el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano. El responsable de la ACP también afirmó que el consorcio redujo el ritmo de trabajo en la construcción del tercer juego de las esclusas al menos en un 70% en comparación con noviembre pasado, lo que calificó como una violación del contrato.
Pese a que hoy terminaba el plazo dado por el GUPC para encontrar una salida a los problemas de liquidez, el consorcio, a través de Sacyr, comunicó ayer que "no tiene por qué realizar mañana [por hoy] ningún cambio en el estatus de la obra, ya que el preaviso enviado el día 30 (de diciembre) da derecho al consorcio a suspender las obras en cualquier momento a partir del día 21, sin que en este momento ese escenario este contemplado". En su breve declaración, el consorcio añadió que aunque no tiene previsto detener las obras ahora su "Consejo de Administración podrá evaluar la situación y tomar la decisión que corresponda en cualquier momento". Asimismo, ha planteado a la Autoridad de la vía "cofinanciar costos imprevistos mientras se espera la decisión del arbitraje internacional" por los sobrecostes de 1.200 millones.
La CE acepta ser mediador
