Ataque sin precedentes contra la Fiscalía Anticorrupción, después de que hace cinco días el Ministerio Público solicitara 48 años de prisión por fraude y blanqueo de dinero para Demetrio Carceller Coll, expresidente de Damm, y otros 14 años para su hijo, Demetrio Carceller Arce, su sucesor al frente de la cervecera catalana.
El despacho de abogados Choclán Montalvo, que defiende a Carceller, emitió ayer un comunicado en el que asegura que la acusación formulada por la fiscalía es "manifiestamente infundada, arbitraria, en cuanto se refiere a Demetrio Carceller Arce, y se sustenta en premisas erróneas y falsas".
El despacho niega categóricamente que su cliente haya creado o articulado estructuras societarias para ocultar rentas a Hacienda, o que participara en la gestión del patrimonio inmobiliario de su padre y acusa a Anticorrupción de impedir sus "derechos fundamentales y garantías inherentes a su condición de parte en el procedimiento".
En primer lugar, según dice, mediante su imputación tardía, cuatro años después de la incoación de diligencias de investigación penal y una vez próxima su conclusión, "lo que evidencia la ausencia de indicios de criminalidad" y, en segundo, "mediante la precipitada conclusión de la investigación, apenas dos meses después de prestar declaración en presencia judicial".
Para el bufete Choclán Montalvo, "el ministerio fiscal, en un acto de precipitación inexplicable, ha privado a Demetrio Carceller Arce de ejercitar su derecho de defensa, hurtándole toda posibilidad de desvirtuar aquellos hechos que de manera gratuita e infundada ahora se le imputan". Además, recalca que en el proceso "se acreditarían errores de bulto de la Agencia Tributaria".
Imputación provisional
Los abogados del presidente de Damm recuerdan que su imputación es provisional. "La falta de fundamento de la imputación es tan evidente que existe una probabilidad cierta de que con estimación de los recursos interpuestos se acuerde el sobreseimiento y archivo del procedimiento". Asimismo, indican que el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid no ha dado comunicado "a día de hoy a las partes personadas en aquel procedimiento judicial".
La defensa no descarta una negociación con Hacienda para regularizar la situación del padre, Carceller Coll, aunque especifican que la cuantía pendiente es aproximadamente la mitad de lo reclamado por la Hacienda pública (un total de 72 millones de euros). Según la Fiscalía Anticorrupción, Carceller Coll ocultó sus rentas y patrimonio a Hacienda "cuando menos, desde el año 1990", simulando residir en Portugal y Reino Unido y eludió "el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España". A su hijo, Carceller Arce, la Fiscalía le atribuye un delito de cooperación necesaria en delitos contra Hacienda por "supuestamente contribuir a la ocultación de las inversiones".
Anticorrupción pide cárcel para los Carceller