El diferente trato fiscal entre unos países y otros de la Unión Europea vuelve a ser objeto de polémica. Los tres máximos accionistas de Codere tienen sus sociedades patrimoniales ubicadas en Holanda y Luxemburgo para aprovechar sus ventajas fiscales y ahorrar así impuestos en España.
De acuerdo con los registros de la CNMV, el principal socio de Codere es Masampe Holding, una firma controlada por la familia Martínez Sampedro que está domiciliada en Ámsterdam y que es titular del 51,34 por ciento de las acciones del grupo. El titular indirecto de esta participación es José Antonio Martínez Sampedro, el presidente del gigante español de los casinos, que figura además como la persona que tiene los derechos de voto.
Más llamativo, no obstante, es el caso de su hermano Luis Javier Martínez Sampedro. Miembro también del consejo de administración de la sociedad y director de operaciones en Latinoamérica, el pasado mes de junio, con Codere atravesando ya serios problemas financieros, comunicó a la CNMV una reorganización interna de su patrimonio, que implicó trasladar su participación a Luxemburgo.
Fueron en total 1,29 millones de acciones, el 2,53 por ciento de su capital que tenía de forma directa y que traspasó al fondo M Luxembourg SIF-Global Assets Brisa, controlado por él mismo. Se trata de una sicav, cuyo banco agente es Credit Suisse y cuyos activos tienen un valor neto de 96 millones de euros.
Al margen de los Martínez Sampedro, el segundo accionista de Codere es el fondo buitre Anchorage, que tiene también una participación del 5,48 por ciento y que, también por razones fiscales, tiene sus raíces en Luxemburgo.
Ventajas impositivas
Tanto Holanda como Luxemburgo ofrecen a las sociedades patrimoniales un tratamiento impositivo mucho más beneficioso que el de la Hacienda española. Entre otras cosas, este tipo de firmas están exentas del pago de impuestos por la repatriación de dividendos. Esto último es algo que, en cualquier caso, no han podido aprovechar porque Codere es, al menos hasta ahora, una compañía que tradicionalmente no reparte dividendos. Al margen de la financiación externa y la emisión de bonos, el grupo ha recurrido a la reinversión continua de los beneficios para poder afianzar su plan de crecimiento.
Codere es un coloso del sector del juego que ha crecido gracias, sobre todo, a una política inteligente de adquisiciones en busca del liderazgo en cada país en el que actúa y con la intención de obtener la masa crítica necesaria para ello, comprando participaciones minoritarias en sociedades estratégicas para luego ampliar posiciones hasta controlar las compañías. Estas estrategias en países como Argentina y México se han realizado mediante un socio local, lo que ha ayudado a conocer las características de mercados muy regulados y produjo ahorros en las compras. Su problema ha estallado ahora cuando el año pasado Argentina, su principal fuente de ingresos, prohibió la repatriación de beneficios y cuando México, que mantiene cerradas ocho salas de juego por deficiencias en los permisos de apertura y que le ha obligado a reformular las cuentas ante una reclamación fiscal.
Son hechos que están ahogando financieramente a Codere, que puede verse obligado a vender activos para lograr liquidez. La junta de accionistas celebrada el pasado 14 de agosto rechazó el visto bueno a una ampliación de capital y, lo que es peor, suspendió el pago del cupón de sus bonos.
Codere tiene bonos emitidos por un importe total de 985 millones de euros y, según la propia compañía, "el incumplimiento en más de 30 días de la obligación de pago de cupones supondría un evento de default que transformaría en exigibles en su totalidad los bonos emitidos por el grupo". La cuestión es que como no ha podido atender el vencimiento previsto, se abren a partir de ahora distintas posibilidades sobre la mesa. La compañía tiene ahora de plazo hasta el 14 de septiembre para abonar los 42 millones pendientes en intereses a los tenedores de la emisión en dólares, por importe de 300 millones y lanzada a través de una filial afincada en Luxemburgo. En el caso de que no lo consiga, los bonistas pueden exigirle la recompra de toda la deuda, algo que se presume imposible teniendo en cuenta que no ha podido ni afrontar los intereses de la misma. Pero estos instrumentos están garantizados en primera instancia con un contrato de crédito con la matriz, y en segundo término, con la pignoración de acciones de distintas filiales, con lo que el grupo podría perder parte de su negocio.
Codere pide una prórroga
