La batalla por la expropiación de YPF continúa en pleno apogeo. El último movimiento lo llevó a cabo Repsol el pasado viernes, cuando presentó ante la Corte Suprema de Argentina una demanda de inconstitucionalidad contra una norma que favorece a las empresas que inviertan en hidrocarburos no convencionales en Argentina.
Se trata del Decreto 929 que creó el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para promover la actividad petrolera el pasado 15 de julio, justo un día antes de que YPF cerrara una alianza comercial con Chevron para explotar el gran yacimiento de Vaca Muerta, unos activos que se descubrieron cuando Repsol aún estaba al mando de la petrolera argentina.
Asimismo, según explica el diario Clarín, la compañía española también presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 1162 por el que Neuquén, la región donde se encuentra parte del yacimiento, se adhirió a la norma nacional.
Repsol sustenta estas quejas en que "ambos decretos crean, sin ningún amparo legal ni constitucional, un conjunto de privilegios destinados a que Chevron pueda rentabilizar las inversiones anunciadas en Vaca Muerta". Una opinión que comparten algunos políticos y expertos del sector, que sostienen que esta normativa está hecha a la medida del grupo estadounidense. Así, Repsol argumenta que el contenido de ambos decretos se opone a lo dispuesto por normas de rango superior o a la propia Constitución, además de invadir competencias en materia tributaria que corresponden al Congreso.
Por otro lado, los objetivos que persigue Kirchner con estos cambios son claros: mejorar la balanza energética del país y acelerar la capacidad de producción. Unas metas que podría haber alcanzado en colaboración con Repsol, ya que la propia compañía se lo hizo saber en su momento a través de una carta firmada por Brufau. Sin embargo, ahora la mandataria se está encontrando con muchos problemas para atraer capital extranjero y alcanzar acuerdos, que además tienen peores condiciones que las ofrecidas en su día por Repsol.
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