Quien esté libre de pecado... Pero no serán las grandes constructoras las que tiren la primera piedra, por mucho que se dediquen al negocio. Sus presidentes han denunciado en reiteradas ocasiones a Fomento por los impagos que acumulan, los mismos que ellos tampoco pagan a sus proveedores, que cobran mal y muy tarde. Son las otras víctimas de esta cadena de morosos. El sector del ladrillo tiene que hacer la maleta porque el negocio en España continúa en caída libre.
Los proveedores de la construcción se han convertido en el último eslabón a la hora de ser retribuidos por su trabajo y sufren en sus cuentas el castigo de las constructoras. Según los últimos datos de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), las grandes compañías les adeudan cerca de 48.000 millones de euros. Una cifra inasumible por muchas empresas ya de por sí maltrechas por la caída del sector y que suman en sus filas 88.420 parados.
A ésto se suma la demora en los pagos que se ha disparado hasta los 277 días, pese a que la ley lo fija en 30 días naturales. "La situación es tremenda. Pero nuestras empresas no se atreven a denunciar, ya que saben que, si lo hacen, se quedan fuera del juego", dicen con recelo fuentes del sector que califican la situación de "abuso de fuerza".
Según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) presentada esta semana, el 29 por ciento de las 2.408 empresas concursadas en el segundo trimestre del año son de la construcción.
De cobrar, ni se habla
La industria de Fabricantes de Productos de Construcción proveen el 40 por ciento del valor de una obra, a través de todo tipo de suministros de productos y sistemas (a lo que hay que descontar alquiler de maquinaria, etc). Los datos de Seopan, la patronal de las grandes constructoras, marcan un consumo de suministros en 2011 de 58.913 millones de euros.
Pero de cobrar, "ni se habla", dice un empresario del sector que todavía sobrevive. Y no es fácil hacerlo cuando la actividad está en mínimos (desde 2008 se han destruido 350.000 empleos, no se construyen casas y la caída de la inversión pública ha arrasado el consumo del cemento a niveles de hace 50 años).
El panorama, de por sí sombrío e incierto, se agrava cuando se habla de los índices de morosidad y que según el sector, "duran más que un embarazo".
Según el último informe de Cepco, el periodo medio de pago a proveedores estaba en el primer semestre del año en 277 días. "La situación es insostenible", dice una fuente del sector dedicada a los materiales aislantes, que asegura que, sin embargo, nadie se atreve a denunciarlo porque temen quedarse sin trabajo. "Si trabajamos, mal porque nos cuesta, pero si no lo hacemos se nos cierran las puertas para siempre", apunta desde el anonimato.
Desde que comenzó la crisis, la morosidad se ha elevado en un 27 por ciento. Sin cobrar y sin poder acceder al crédito, el futuro no parece fácil. El director general de Cepco, Luis Rodulfo, hace las cuentas: como el plazo medio de pago, de forma constante para toda la deuda es de unos nueve meses, ésto es, más o menos el 75 por ciento de un año, la deuda viva permanente sería 44.185 millones de euros. A eso habría que sumar sus intereses de demora generados en un año completo de sufrir esos plazos de pago y que a un tipo actual del 8.50 por ciento, arrojaría unos costes financieros para sus empresas de 3.755 millones de euros en 2011. "Luego se les debería el principal de los 44.185 millones de forma constante, más los 3.755 millones de intereses generados en un año completo de sufrir esos plazos de pago".
Para Luis Rodulfo, este dato demuestra que la entrada en vigor de la nueva Ley de Morosidad hace año y medio no ha reportado hasta el momento mejora alguna, "sino todo lo contrario". Así, pese a que la ley estipula que el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales, la realidad es que este tiempo se multiplica por nueve.
Desde Cepco se exige también que el Plan de Pago a Proveedores incluya medidas que garanticen que el cobro de facturas pendientes alcance a toda la cadena de subcontratistas y proveedores, además de a los contratistas directos de la Administración. Y entre ellos muchas pymes que ya no llegan a fin de mes.
El año pasado, asociaciones de áridos y de hormigón presentaron una demanda colectiva contra la empresa Dragados por incumplimiento de la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Por su parte, las grandes constructoras se justifican y dicen que pagarán cuando las administraciones les abonen su deuda. No antes.
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