Una de las principales batallas que libran las cajas para modificar su ley tiene el terreno allanado. El Gobierno está abierto a permitirles que depositen la hucha de capital exigida por la troika para auxiliar a sus bancos en caso de apuros dentro de éstos o, si lo prefieren, conservar su propiedad de forma directa.
El proyecto de Ley de cajas y fundaciones obliga a acumular el bautizado como fondo de reserva en las fundaciones en las que acabarán convertidas las actuales cajas. Pero el sector ha pedido poder elegir su ubicación y el Ejecutivo se muestra receptivo a incluir la opción en la norma a través del Grupo Parlamentario Popular durante su tramitación en el Congreso.
Un incentivo para vender
La creación de esta hucha es un peaje inspirado por la troika, de obligada constitución para todas las entidades con, al menos, el 50% de los bancos a los que transfirieron su negocio en propiedad.
La tesis es mantener un cajón de reservas para recapitalizar sus filiales en caso de dificultades. Pero se trata más de una penalización, junto a otras incorporadas en la futura ley, a fin de forzar a las entidades de ahorros a bajar su participación en los bancos por debajo de una cuota de control, y atajar así eventuales injerencias. Se da la paradoja de que las cajas más afectadas son las que no han precisado ayudas gracias a su gestión más prudente y acertada (Caixabank, Ibercaja, Unicaja y Kutxabank).
El sector ha tratado sin éxito de remover una penalización que, según han advertido, mermará la obra social porque deberán distraer recursos para otra finalidad. Tradicionalmente, las cajas han destinado entre el 20 y 30% de sus beneficios al dividendo social.
Obra social
Si se deposita el fondo de reserva en el banco se abre la posibilidad de que puedan consolidar el capital y dar más opción al presupuesto de obra social. Esta solución ofrecería la ventaja añadida al banco de disponer de un acceso directo a los recursos, sin necesidad de espera a que sus dueños se lo proporcionen.
El sector de ahorros ha intensificado los contactos a varias bandas para lograr mejoras en el texto, pero los grandes lances se batallan con el PP y con los partidos nacionalistas vasco y catalán, directamente a través de las cajas de su región.
Las alegaciones se circunscriben a tres demandas prioritarias: elegir dónde depositar el fondo de reserva, reducir el porcentaje necesario para aprobar el dividendo y lograr que banco y caja puedan compartir consejeros. La incompatibilidad de cargos fijada en la ley parece difícil de reconducir. En dividendos, la mayoría necesaria para autorizarlos se redujo del 75 al 66% durante la elaboración del texto. Una cuota que, sin embargo, el sector juzga excesiva porque desalienta la entrada de inversores si se sienten cautivos de la capacidad de veto de las cajas para el reparto.
Se espera que el proyecto de ley se apruebe a final de año. Todas las cajas deberán transformarse en fundaciones a lo largo de 2014. Si exceden el 50% del capital del banco, deberán nutrir el fondo de reserva y presentar al Banco de España un exhaustivo plan financiero con un programa de diversificación de la inversión.
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