Las asociaciones renovables, eléctricas e industriales califican de retroactivos los recortes aprobados.
El sector de renovables y las eléctricas convencionales han estallado contra la reforma energética. En declaraciones exclusivas a elEconomista todas las patronales afectadas ponen sobre la mesa las deficiencias de los cambios regulatorios que, en su opinión, en muchos casos rozan la ilegalidad.
Así, el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Luis Polo, explicó que el sector eólico está perplejo porque la acumulación de medidas contra la eólica, "muchas de ellas retroactivas", va a "suponer graves problemas financieros para las empresas y, en algunos casos, su quiebra". Son medidas "injustas" que penalizan la eficiencia de un sector que siempre se ha comportado de acuerdo a lo exigido por el regulador.
En opinión del presidente de Appa, José Miguel Villarig, el Gobierno "no ha respetado ningún parámetro" sobre los que las renovables hicieron sus inversiones y actúa sobre los costes regulados sin tocar el "ineficaz" mercado eléctrico. "Nos trata de forma arbitraria y discriminatoria, continúa improvisando y, al pensar solo en el déficit de tarifa e ignorar las propuestas del sector, falla en el diagnóstico por lo que las medidas tomadas pueden causar más daño del que pretenden evitar", añadió.
Por su parte, el presidente de Unef, Jorge Barredo, consideró que "es incomprensible que el Gobierno atente de este modo contra la seguridad jurídica y la imagen internacional del país". A su juicio, esto va a afectar a las inversiones en cualquier sector regulado de nuestra economía, aumentará el riesgo financiero, y es un importante retroceso en la salida de la crisis.
Barredo hizo hincapié en el caso concreto del sector fotovoltaico, que "va a desaparecer en su gran mayoría, tanto por inanición como por deslocalización de las empresas". "Espero que los tribunales nos den la razón, pero me temo que su veredicto llegará tarde", espetó, para a renglón seguido denunciar que "el Ministerio tiene cautiva a la CNE, que no emite liquidaciones definitivas, imposibilitando las reclamaciones ante los tribunales españoles".
El director general de Protermosolar, Luis Crespo, apuntó que los 1.350 millones de recorte anunciados para el Régimen Especial reforzarán las críticas sobre la inseguridad jurídica y la retroactividad respecto a las bases publicadas en el BOE que motivaron las inversiones. Además se preguntó por qué no se aplica también la rentabilidad razonable a toda la vida de las instalaciones de distribución así como en la retribución a nucleares e hidráulicas. En su opinión, hay otras partidas de costes que corresponden a políticas de gobierno y no es lo mismo pagarlas vía impuestos que en el recibo de la luz.
Eduardo Montes, presidente de Unesa, afirmó que a falta de una valoración más profunda, las recientes medidas adoptadas por el Gobierno "perjudican a las empresas eléctricas de forma injusta y desproporcionada". En este sentido, recordó que estas medidas "agravan la difícil situación económico-financiera de estas compañías, que previamente ya habían sufrido importantes castigos a través de otras iniciativas aprobadas por el Ejecutivo", que cifró en un total de 4.000 millones de euros para las actividades tradicionales desde 2012.
El Gobierno elude su sacrificio
Montes resaltó el recorte a la distribución, la importante reducción de los pagos por capacidad a los ciclos combinados y el hecho de que la Administración no asuma partidas como los sobrecostes extrapeninsulares y el bono social.
El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, sostuvo que el Gobierno ha mostrado "una absoluta cobardía al volver a cagar las tintas" sobre consumidores y empresas, por los fuertes incrementos de luz. Además, ha dejado liquidado un sector como el fotovoltaico porque "no se ha atrevido a cambiar las partidas del sector eléctrico que son las verdaderas causas del déficit tarifario", como son las excesivas retribuciones recibidas por las hidráulica y la nuclear, tal como denunció un informe de la Comisión Europea en mayo de 2012.
Una de las partes más afectadas es la industria. En este sentido, el presidente de Acogen, José Manuel Collados, explicó que las metodologías propuestas pueden configurarse acertadamente para proporcionar un horizonte de futuro a la cogeneración, pero no se ha reducido la incertidumbre.
Además, lamentó que lo que se sabe no permite valorar el nuevo proyecto de marco en la economía real. "Confiamos en que se logre un marco estructural que genere confianza y permita a las cogeneraciones realizar su actividad productiva con certidumbre. De no ser así, estaremos ante un programa más de recortes, y para eso no habría hecho falta ni tanta discusión ni tanta espera", añadió, al tiempo que exigió "rapidez en la información" y ofreció "máxima colaboración en el desarrollo de los parámetros económicos de las metodologías propuestas."
Por su parte, el presidente de Aege, Eduardo Gil, criticó que hasta ahora las medidas para acabar con el déficit han derivado en un incremento de la factura eléctrica del consumidor industrial. Como resultado la diferencia de precios en España respecto a la Unión Europea alcanza máximos históricos, lo que provoca una pérdida de competitividad irreversible.
Por último, la patronal resaltó que el nuevo mecanismo para fijar la interrumpiblidad, "de aprobarse, significaría el cierre de un importante número de centros de producción y la pérdida de miles de empleos".
A los tribunales por el cambio de modelo
