Obligará a las compañías a hacer ofertas sin contratar otros servicios adicionales.
El bono social se encarecerá por primera vez en cinco años. Los clientes con derecho a esta tarifa pagarán a partir de agosto un 3,4 por ciento más caro el recibo de la luz. Para el resto de clientes domésticos, el encarecimiento medio de la tarifa será del 3,2 por ciento. De este modo, la electricidad subirá más para los usuarios más sensibles al precio, pero estos a su vez se seguirán beneficiando de un precio notablemente más bajo en el recibo.
Según figura en la memoria económica del Real decreto por el que se regula la actividad de comercialización y las condiciones de contratación y suministro de energía eléctrica ésta es la primera revisión que se realiza desde el año 2009. Este aumento se corresponde con el incremento que ha experimentado el salario mínimo interprofesional desde esa fecha, indicador que se está utilizando como referencia para la aplicación del bono social, siendo significativamente inferior al 20 por ciento de aumento experimentado por la tarifa de último recurso de julio de 2009.
El Gobierno también crea un umbral máximo de renta cifrado en un 120 por ciento del salario mínimo interprofesional para el primer miembro de la familia, 70 por ciento para el segundo y 50 por ciento a partir del tercer miembro, lo que supone por ejemplo que tienen derecho a este beneficio social aquellos que con dos miembros en la familia ingresen en 14 pagas un total de 18.429,77 euros; si tiene tres miembros alrededor de 23.850, 29 euros y si son cuatro miembros hasta 29.270, 81 euros.
Asimismo, se establece un límite máximo de tres semanas para poder realizar el cambio de suministrador y se permitirá al Ministerio de Industria que obligue a las comercializadoras a proponer ofertas básicas que incluyan únicamente el suministro de electricidad y no contengan ningún servicio adicional. El Gobierno creará además un sistema para poder contratar por teléfono o medios telemáticos pero de manera en que quede clara la conformidad expresa para evitar conflictos como el que vivieron hace unos años Gas Natural e Iberdrola y que acabó en denuncias ante la CNE. Además los cambios de usuario efectivo de la energía no podrán ser considerados como una solicitud de baja y posterior alta evitando así las prácticas denunciadas por algunos consumidores para los casos de arrendamientos.
Como ya adelantó este diario desaparecerá la Oficina de Cambio de Suministrador para que sus competencias las asuma la nueva Comisión Nacional de Mercados de Competencia.
Industria dejará dos meses a los clientes para cortarles la luz si hay impagos y cuatro meses a los Ayuntamientos. Además, impondrá multas si la calidad de suministro se deteriora notablemente.
Las renovables piden una auditoría
