Los bancos confían en que antes de que llegue agosto el Gobierno se muestre dispuesto a aprobar una reforma fiscal que entraría en vigor en 2014 y les allanaría el camino para contar cuanto antes con más capital.
Las entidades llevan años preparándose para cumplir con la nueva regulación internacional de Basilea III y los impuestos diferidos de la banca española, entre 40.000 y 50.000 millones, se presentan como "un buen salvavidas", han explicado a Efe fuentes financieras.
Basilea III, que entrará en vigor en 2014, establece que los impuestos diferidos se dejen de computar en capital gradualmente, para que las entidades tengan más tiempo para generar capital.
Sin embargo, esto discrimina a la banca española frente a otros competidores y algunos expertos creen que eso está penalizando desde ya a las entidades y se está reflejando en la cotización de las entidades.
Por eso el sector ha propuesto al Ministerio de Economía y al de Hacienda que determinados impuestos diferidos se consideren créditos fiscales frente a la Administración Tributaria, lo que permitiría que no se dedujeran del capital a efectos de Basilea III.
Desde algunas de las entidades defienden que esto no tendría ningún impacto sobre la recaudación fiscal, salvo en el improbable caso de que haya que liquidar una entidad, lo que obligaría a Hacienda a tener que devolver a los acreedores del banco algunos impuestos que han sido pagados por anticipado.
Además, coinciden en que el Ministerio de Economía es consciente de que si Hacienda "cede" y acepta introducir unos meros cambios en la legislación fiscal será más fácil vender la banca nacionalizada, con un importante volumen de impuestos diferidos fruto de las fusiones y de provisiones de distinta índole.
Así, por ejemplo, con cada aportación a los planes de pensiones de su plantilla, un banco se ve obligado a ir provisionando fondos con los que asumir en el futuro ese desembolso, lo que a efectos contables genera un impuesto diferido.
Provisiones
Igual sucede con las provisiones hechas por la banca para cubrir deterioros de su cartera crediticia y que el año pasado fueron cuantiosas por el saneamiento inmobiliario impuesto por el Gobierno.
Por eso en un documento remitido hace semanas al Ministerio de Economía, al de Hacienda y al Banco de España, la banca española planteó que los impuestos diferidos pasaran a tener la consideración de créditos fiscales frente a la Administración.
Desde el envío de ese texto, la banca y las autoridades tratan de alcanzar un acuerdo, con el objetivo de que antes de que acabe el año el sector financiero pueda aumentar sus niveles de capital con más facilidad.
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