Industria prohíbe que baje la parte regulada mientras siga existiendo el desajuste tarifario. La luz subirá un 3,2% en agosto y volverá a revisarse previsiblemente al alza en octubre.
El Ministerio de Industria está decidido a acabar con el déficit de tarifa. Para ello, ha incluido en el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico un mecanismo que dificultará las rebajas en el recibo de la luz mientras siga existiendo este desajuste entre los ingresos y costes.
Según figura en el artículo 19 del proyecto, al que tuvo acceso elEconomista, mientras las partidas de costes del sistema eléctrico reflejen pagos que correspondan a deudas pendientes de años anteriores, los peajes de acceso -la mitad de la factura- no podrá ser revisada a la baja y si se producen superávits en dicho ejercicio tendrán que dedicarse obligatoriamente a reducir este agujero.
Este hecho significa que en los próximos 15 años -el tiempo que el Gobierno estima que tardaremos en pagar los 26.000 millones de euros de déficit acumulado- no podrá haber un Ejecutivo que opte por realizar ajustes de los peajes para evitar subidas de la luz, como hizo en ejercicios anteriores el ex ministro de Industria, Miguel Sebastián. Además, el ministerio fija para esa fecha la prescripción de cualquier tipo de deuda en este sentido.
Esta disposición, no obstante, no evita que se pueda producir alguna rebaja puntual en el recibo eléctrico, siempre que los costes de la energía caigan, un hecho que suele darse en marzo.
Límites al agujero eléctrico
El Ministerio ha introducido además ciertas salvaguardas para que las cantidades de déficit eléctrico estén bajo control. Concretamente, en el caso en que un año se produzca un desajuste por déficit de ingresos, su cuantía no podrá superar el 2,5 por ciento de los ingresos estimados, lo que significa alrededor de 500 millones.
Al mismo tiempo, se establece una revisión automática de los peajes, si la deuda supera en algún caso el 10 por ciento de los ingresos del sistema para el ejercicio, lo que supone alrededor de 2.000 millones que se traduciría en una inmediata subida del recibo de la luz. De este modo, el Gobierno consigue que en el año 2014 el déficit de tarifa tenga que desaparecer con subidas automáticas y se verá obligado además a realizar una previsión de ingresos y costes para los seis siguientes años, aunque se actualizarán las previsiones de precios del mercado mayorista cada tres años.
De los 26.000 millones de euros de déficit ya generado, 22.000 millones ya han sido titulizados a través del Fade, que emitirá bonos por otros 4.000 millones, según consta en el borrador del Real Decreto Ley, tal y como adelantó elEconomista.
El Gobierno obligará a todos los agentes del sector eléctrico a financiar el déficit tarifario que se genere a partir de 2014, haciendo caso así a una de las principales reclamaciones de las eléctricas.
Con estas medidas el Gobierno pretende cuadrar las cuentas del sector que se habían convertido ya en un problema macroeconómico. Para ello, ha realizado un ajuste de 4.500 millones de euros que se repartirán entre 1.500 millones para el régimen especial (renovables y cogeneración) y unos 1.200 millones para las eléctricas tradicionales. Además, el Ministerio de Hacienda se compromete a asumir 900 millones anuales de los costes de las extrapeninsulares (la mitad de lo previsto) y los consumidores tendrán que hacer frente a otros 900 millones.
Esta cantidad tendrá una repercusión que no tardará en sentirse en nuestros bolsillos, ya que el Gobierno aprobará un incremento del recibo de la luz extraordinario del 3,2 por ciento a partir del próximo mes de agosto.
Esta subida se sumará a la del 1,5 por ciento que ha experimentado el recibo desde el pasado 1 de julio. Sin embargo, a lo largo del año la subida es nula porque se redujo en abril como consecuencia de una brusca caída de la subasta del mercado mayorista.
Recorte a las renovables
Estos recortes se regularán a través del Real Decreto Ley de Estabilidad Financiera que se publicará hoy en el Boletín Oficial del Estado para corregir los desajustes actuales y que supondrá un fuerte golpe para las renovables que llegará con toda seguridad a los tribunales internacionales.
El Gobierno ha fijado una rentabilidad por proyecto del bono a 10 años más 300 puntos básicos, lo que supondrá un 7,5 por ciento bruto. Esta cifra deberá tenerse en cuenta para toda la vida útil del mismo, lo que supone una medida profundamente retroactiva.
Industria fijará un estándar de planta con unos datos claves para poder determinar la rentabilidad de la instalación. Con este nuevo modelo, las tecnologías verdes se ofertarán a coste cero y recibirán el precio del mercado mayorista, al igual que el resto de tecnologías del anterior regimen ordinario. A partir de ahí el Gobierno calculará sus ingresos y cubrirá con los incentivos a la inversión la cantidad con la que retribuir a cada tecnología.
Este mecanismo estará también acompañado de un sistema específico de incentivos para Canarias y Baleares que podrán volver a instalar plantas renovables.
Por el momento, se desconoce el impacto que tendrá esta medida en cada tecnología, pero las solares y las termosolares, que gozaban de una mayor rentabilidad, se espera que sean las más damnificadas.
Menos dinero para tendidos
Otros de los grandes damnificados serán las eléctricas. La retribución del transporte y la distribución, que califican como actividades de "bajo riesgo", será fijado con las obligaciones del Tesoro a diez años más 200 puntos, lo que implica una "rentabilidad razonable" del 6,5 por ciento. Las nuevas infraestructuras tendrán que acompasarse con los planes de ordenación urbanística y tendrán limitado el crecimiento para dar una señal de mercado que evite que en las épocas de bonanza se dispare la construcción de redes.
El recorte para el sector convencional entrará en vigor hoy, mientras que para las renovables se aplicará a partir del 1 de enero de 2014 una vez que se tenga en marcha este nuevo mecanismo que sustituirá al régimen especial. A continuación se hará una liquidación para que devuelvan lo cobrado en exceso respecto al nuevo mecanismo desde el 13 de julio hasta final de año.
La reforma energética fracasa en el sentido de que este año continuará habiendo déficit y en que el sacrificio a realizar por el Estado quedará reducido.
El Ejecutivo ha decidido variar también el actual sistema de pagos por capacidad (un mecanismo para incentivar la construcción de centrales de gas) que se iba a reducir a lo largo de los próximos diez años. El Gobierno ha optado por rebajar los pagos de los actuales 26.000 euros por megavatio a los 10.000 euros, pero duplicará el número de años pendientes que le queden a cada central para reducir el recorte. De este modo, Industria consigue frenar el ritmo de pago de estos incentivos que suponen cerca de 700 millones durante los próximos años. El ministerio permitirá además que las eléctricas trasladen al consumidor los impuestos locales y autonómicos que poco a poco han ido apareciendo a lo largo y ancho de la geografía nacional. No obstante, el Ministerio queda habilitado para determinar qué tributos serán considerados para introducir estos suplementos regionales.
Por otro lado, el Gobierno hibernará unos 6.000 MW de ciclos combinados mediante un sistema de subastas, tal y como ya indicó este diario, que permitirá ahorrar en los pagos por capacidad al tiempo que otorgará unos incentivos para mantener una serie de plantas que apenas estaban funcionando 1.000 horas al año, es decir, menos de un 10 por ciento.
El Ministerio también fija condiciones para las empresas de servicios de recarga energética de vehículos que utilicen motores eléctricos o baterías. Se fijarán condiciones para los planes de ahorro y eficiencia energética, así como nuevos requisitos de calidad del suministro eléctrico.
Industria además otorga un plazo de tres años para que las cooperativas, así como los pequeños distribuidores agrupados en Cide puedan cumplir con los cambios dispuestos en el anteproyecto de ley sobre separación de funciones.
El Ministerio suprimirá la Oficina de Cambio de Suministrador a partir del 30 de junio de 2014, fecha en la que asumirá dichas competencias la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia que tiene previsto su nacimiento para el próximo octubre.
El Gobierno introduce además medidas para disminuir el coste de la producción eléctrica y mejorar la eficiencia de las centrales de fuel en las islas y establece la creación de un mecanismo de mercado para la interrumpibilidad.
Las empresas que participaban en este mercado dispondrán ahora de una banda de regulación en la que podrán ofrecer estos servicios y lograr una retribución.
Red Eléctrica tiene que tener lista la metodología de aplicación para después del verano.
La luz subirá un 3 2% en agosto
