
El Consejo de Ministros ha dado hoy su visto bueno el anteproyecto de ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, que supone un nuevo paso en el desarrollo de memorando de entendimiento (MOU) firmado con Europa para el rescate financiero y que limita la actividad de estas entidades. La restricción será triple: material, física y de volumen. | Así fue la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha explicado tras el Consejo de Ministros esta norma, con la que se da por culminada la reforma del sistema financiero. Según indicó, se regulan tanto las cajas de ahorros como la transformación de éstas en fundaciones si desarrollan su actividad financiera a través de un banco. Así es el anteproyecto de Ley.
Fundación bancaria será toda aquella que mantenga una participación en una entidad de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos un 10% del capital. Respecto a las cajas de ahorros, la norma establece que serán entidades de crédito de carácter fundacional e interés social, y que se centrarán en banca minorista.
El Gobierno quiere reducir el papel que las fundaciones bancarias tienen en el capital de las entidades de crédito y para ello va a imponer obligaciones más estrictas cuanto mayor sea esta presencia, sin haber establecido un límite de tiempo para deshacerse de las participaciones.
En este sentido, De Guindos, ha confirmado este viernes que "no hay fecha" para que las antiguas cajas de ahorros reduzcan sus posiciones de control en los bancos a los que dieron lugar. Esta condición afectará fundamentalmente a La Caixa, Kutxabank y Unicaja.
De este modo, las fundaciones bancarias podrán reducir progresivamente su participación, lo que permitirá culminar el proceso de reestructuración del sector financiero en un periodo de tiempo razonable. El ministro ha asegurado que la nueva norma no obligará a las antiguas cajas a deshacerse de sus carteras industriales.
El anteproyecto de ley de cajas y fundaciones bancarias aprobado hoy por el Consejo de Ministros implica la transformación en fundaciones bancarias de la mayoría de las cajas, a excepción de Caixa Pollensa y Ontinyent que serán las únicas que continúen operando como cajas.
El Gobierno ha anunciado un régimen fiscal para preservar el tratamiento "favorable" a la obra social, aunque no ha detallado cómo se articulará. De Guindos ha anunciado que si la obra social se extiende de una comunidad autónoma, el protectorado será del Ministerio de Economía, mientras que si permanece dentro de una región, será el Gobierno regional en cuestión el que lo ostente.
Fundaciones: obligaciones
Todas las fundaciones, sin excepción, estarán sometidas a rigurosos requisitos de gobierno corporativo, como impedir que los miembros del patronato lo sean a su vez del consejo de administración de la entidad de crédito.
Además, estarán sujetas al control estricto del Banco de España, en el marco de sus funciones de supervisión financiera; en materia de gobierno corporativo será el Ministerio de Economía el que ejerza esta función si la fundación bancaria opera fuera de su comunidad autónoma.
Las fundaciones con una participación superior al 30% en una entidad de crédito deberán presentar al Banco de España para su aprobación un protocolo de gestión de su participación en el banco; el supervisor establecerá los criterios de gestión de la participación de la fundación en el banco, las relaciones entre ambos, las normas sobre operaciones vinculadas y el plan financiero para cubrir necesidades de capital.
En cuanto a las fundaciones bancarias con una participación superior al 50% o que ostenten posiciones de control en una entidad de crédito, estarán obligadas a presentar en su plan financiero una estrategia de diversificación de inversiones y gestión de riesgos que evite la concentración de activos.
Además tendrán que contar con un Fondo de Reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios y garantizar la liquidez.
Estas fundaciones no podrán intervenir en procesos de ampliación de capital de su participada, y sólo podrán aprobar el reparto de dividendo con un quórum y mayoría reforzados (presencia del 50% del capital en primera convocatoria y 25% en segunda convocatoria, más aprobación de tres cuatros del capital presente en la Junta).
Cajas: modelo original
De Guindos aseguró que la norma "tiene un amplio consenso" entre las instituciones del sector, y agregó que "se trata de volver al modelo tradicional de cajas, que se desvió en los últimos años, es decir, a la función minorista".
Esto supone que pasarán a ocuparse de clientes minoristas y pymes, en un ámbito territorial que no podrá exceder una comunidad autónoma o diez provincias limítrofes, explicó el ministro de Economía y Competitividad.
Además, las cajas de ahorros no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35 % de los de la comunidad autónoma en la que operen.
Asimismo, mantiene la comisión de control, elimina la figura del director general y establece un sistema electoral en virtud del cual se pretende evitar el control político de las cajas y atribuir dicho control a los impositores o depositantes. También se incrementa la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas.