La situación financiera de Pescanova, en manos ya de Deloitte, es cada día que pasa un poco más crítica. Según han confirmado a elEconomista fuentes próximas a la empresa, el grupo apenas tiene ya liquidez y el problema es que, conscientes de ello, los proveedores han comenzado a exigir los pagos al contado para mantener el suministro.
Pescanova se ha visto obligada así a reducir su carga de trabajo, lo que ha provocado el cierre de una primera planta en Argentina y podría provocar en un futuro próximo situaciones parecidas en todo el mundo. Con una plantilla de más de 10.000 personas, todo indica, de hecho, que la empresa se verá forzada a llevar a cabo una fuerte reducción de empleo para rebajar los costes laborales.
La banca atrapada en la compañía - cerca de 50 entidades españolas y extranjeras- han comenzado mientras tanto a recibir datos "realistas y mínimamente fiables" sobre el mapa de deuda de la firma gallega, que podría acercarse a los 3.500 millones, según han informado fuentes conocedoras de la situación económica de la firma. Esto se ha producido una vez que el juez de lo Mercantil número 1 de Pontevedra apartara de la gestión al presidente del grupo, Manuel Fernández de Sousa, y de que la CNMV eligiera a Deloitte como administrador concursal.
En concreto, según señalan las fuentes consultadas, la deuda bancaria superaría los 3.000 millones de euros, de los cuales unos 1.900 corresponden a su matriz y el resto a filiales, tanto españolas como extranjeras. A este importe, se suma además unos 375 millones de euros correspondiente a las emisiones de bonos. Así, el pasivo de la deuda de la firma gallega, que no incluiría la contraída con la Administración, duplica el importe de lo que figura en su pasivo auditado, 1.522 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2012, de los cuales 459 millones corresponden a acreedores comerciales. Antes de conocer la declaración de concurso, la banca ha mostrado en varias ocasiones su apoyo a la continuidad de la firma gallega, asegurando que estaba dispuestas a negociar una inyección urgente de liquidez, si bien advirtió de que sólo se sentaría a negociar si cambiaba el equipo gestor y Fernández de Sousa, tal y como ha sucedido, abandonaba la empresa.
Una de las primeras cosas que intentará negociar Deloitte como administrador concursal es, de hecho, la concesión de un crédito urgente de 50 millones de euros con el fin de que no haya demoras en los pagos, entre ellos con sus proveedores, para que la empresa pueda operar con normalidad.
Dos meses para el informe
La empresa auditora dispondrá a partir de ahora de un plazo de dos meses para elaborar su informe. Asimismo, según establece la Ley Concursal, deberá comunicarse con los acreedores para informarles de la declaración de concurso y de su deber de comunicar sus créditos en el plazo de un mes. La empresa concursada tiene el deber de comparecer ante el juzgado o ante la administración concursal siempre que sea requerida, y también el deber de "colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso".
Abelló salió de Pescanova antes de los problemas
