Accionistas minoritarios de Pescanova, a los que podrían sumarse fondos de inversión internacionales, están ultimando la presentación esta misma semana en los juzgados de la primera querella contra Pescanova. Irá dirigida contra todo el consejo de administración, la CNMV y Sabadell CAM, uno de los principales acreedores de la compañía, cuyo bróker se deshizo de títulos del grupo junto antes de la presentación del preconcurso el pasado 1 de marzo. Popular está dispuesto a ayudar a Pescanova, pero pide conocer sus cuentas.
La acción la está dirigiendo el abogado Joaquín Yvancos, que fue letrado durante 30 años de Nueva Rumasa y que defiende ahora también a los inversores en los pagarés del holding de los Ruiz-Mateos.
"La intención inicial es presentar la querella en los juzgados de Madrid, pero es posible también que finalmente acudamos a los de Vigo. La decisión todavía no está tomada", asegura Yvancos. La querella va contra el consejo como responsble del presunto fraude contable, la CNMV por "no haber ejercicio como debiera su labor de supervisión al no controlar lo que pasaba" y el Sabadell por supuesta información privilegida.
En plena crisis bancaria y con el grifo del crédito completamente cerrado, Pescanova disparó su deuda bancaria un 62% en los últimos cinco años, hasta 841,8 millones de euros. Y esa es sólo la cantidad que está admitida ante la CNMV y que consta en los registros oficiales porque el pasivo real podría ser aún mucho mayor. Si se incluye la deuda con los acreedores comerciales, se eleva hasta más de 2.700 millones de euros.
El presidente de la empresa, Manuel Fernández de Sousa, se ha negado en todo momento a facilitar ningún tipo de información ni a BDO Auditores, la firma encargada de supervisar sus cuentas, ni a KPMG, la consultora contratada por la banca como asesor financiero. Tras las primeras indagaciones llevadas a cabo, los auditores sospechan que la deuda oculta supera los 1.400 millones, aunque se desconoce por ahora en qué momento se empezaron a firmar esos créditos.
Tal y como informó el sábado elEconomista las sospechas se centran en bill of lading o conocimientos de embargque. Se trata de documentos propios del transporte marítimo, que se utilizan como contrato de envíos de las mercancías en los buques para proteger al cargador y al consignatario de la carga frente al naviero, y que Pescanova podría haber falsificado para obtener créditos.
El problema es que el tiempo corre en contra de la empresa y Pescanova dispone de liquidez sólo hasta el próximo 15 de abril para afrontar pagos a los proveedores, lo que hace que la situación de la firma puede ser "dramática e insostenible" a partir de esta fecha si no se materializa antes la venta del negocio de Chile.
"Urge liquidez, más allá del día 15 la firma necesitaría un crédito puente de entre 50 y 60 millones", según han señalado fuentes conocedoras de la situación de la compañía, que, por el momento, está abonando las nóminas. Otras fuentes aseguran, sin embargo, que podría haber liquidez durante unos días más. La compañía emitió ayer un comunicado en el que acusado al auditor, por haber dado el visto bueno a las cuentas dos días antes de preconcurso. La matriz está ya en concurso y los gestores están preparando la solicitud para varias filiales.
Solo tiene liquidez hasta el 15 de junio
