La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) prepara una demanda contra España por lo que considera una "expropiación encubierta" de sus instalaciones, que será presentada próximamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La fotovoltaica pide daños y perjuicios al Gobierno por el recorte de primas.
El presidente de la Asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha explicado que la demanda que actualmente ultima su despacho de abogados, a partir del análisis elaborado por la consultora MedValue, estará "apadrinada" por el Comisario Europeo de Energía, Günter Oettinger, con quien se reunió la pasada semana.
La asociación considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en el ámbito energético en los últimos meses son retroactivas y constituyen un "abuso de autoridad" que, lo que pretenden en realidad, es "encubrir una expropiación".
Reducción de ingresos
Así, estiman que las sucesivas reformas -entre las que se incluyen un impuesto a la generación y una modificación en la forma en que se calculan las primas- han reducido un 40% sus ingresos, lo que impedirá a los propietarios devolver los créditos y les obligará a entregar las plantas a la banca.
"El objetivo es minorar la valoración de nuestras instalaciones para expulsarnos del sistema", asegura Martínez-Aroca, con un "claro beneficiario", las grandes empresas energéticas, "que quieren nuestras plantas a la mitad de su valor".
Según recogía ayer elEconomista, los titulares de casi 12.000 plantas fotovoltaicas han planteado reclamaciones de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que se decían ocasionados por dichas normas alegando que suponen "un cambio radical del régimen con arreglo al cual fueron autorizadas, construidas, sufragadas y puestas en marcha dichas instalaciones".
Sin embargo, el Gobierno se ampara en la desestimación de las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que confirman que las normas son conforme a Derecho.
Presentarán un recurso ante la Audiencia
