El exsubgobernador del Banco de España Francisco Javier Aríztegui, número dos de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en este organismo, ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que el Ministerio de Economía asumió un "protagonismo público y notorio" en la crisis de la entidad, que desencadenó el 7 de mayo de 2012 la dimisión de su presidente Rodrigo Rato, informaron fuentes jurídicas.
Aríztegui, que ha declarado durante más de tres horas y media como testigo en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad, ha reconocido que el Banco de España dejó de tener el "control" de la situación a finales de abril del año pasado, cuando el departamento de Luis de Guindos exigió a Rato un nuevo plan de saneamiento al entender que el anterior plan de capitalización, que tenía el aval del supervisor, no era viable. "No sé por qué lo hizo", ha apuntado.
El primero de los dos planes que la dirección de Bankia elaboró para garantizar el futuro de la entidad fue aprobado por el Banco de España el 17 de abril, según ha explicado Aríztegui, que ha considerado que la intervención de Economía en las cuentas de Bankia fue inédita y nunca se había producido.
Consulta a los servicios jurídicos
En este contexto, ha asegurado que la dirección del Banco de España llegó a plantear una consulta a sus servicios jurídicos que fue respondida por el secretario general del regulador, Javier Priego. Éste le confirmó que la situación no era habitual pero tampoco revestía ningún tipo de ilegalidad, según han explicado las citadas fuentes.
Según la declaración de Aríztegui, técnicos del supervisor y responsables de Bankia mantuvieron dos reuniones (el 27 de abril y el 3 de mayo) para, entre otras cuestiones, abordar una serie de salvedades que el Banco de España exigió que la entidad resolviera antes del 31 de mayo.
Se trataba, en concreto, de la necesidad de adoptar decisiones a corto plazo de racionalización y refuerzo en la estructura de gestión de la entidad y de un programa de desinversiones a medio plazo que redujera su dependencia de los mercados mayoristas.
Sobre este punto, el abogado de Rato, Ignacio Ayala, ha preguntado si estas obligaciones suponían un mayor esfuerzo de saneamiento de la entidad, en consonancia con la petición de Economía, a lo que Aríztegui ha contestado que entendía que sí.
También ha explicado que este segundo plan no fue revisado por el Banco de España porque el fin de semana anterior a la dimisión de Rato, tanto Fernández Ordóñez como él estaban fuera de España.
"Invitó" a la fusión
Aríztegui también ha confirmado, tal y como señalaron Rato y el expresidente de Bancaja y vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, que "invitó" a ambos a llevar a cabo la fusión de las dos entidades por razones financieras y porque la entidad valenciana estaba "suelta".
"El Banco de España no amenaza, fue una invitación", ha dicho el número dos de Fernández Ordóñez cuando el abogado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Andrés Herzog, le ha recordado que Olivas dijo el pasado 19 de diciembre ante el juez que, de no fusionarse, existía el riesgo de que Bancaja fuera "intervenida".
Sobre las cuentas de la entidad de 2011, que se reformularon pasando de unos beneficios de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979, ha asegurado desconocer por qué no se presentaron en el plazo legal y ha dicho que, cuando fueron aprobadas, él ya había abandonado el regulador.
En la causa están imputados 33 exconsejeros de la entidad, entre ellos Rato y Olivas, así como Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) en calidad de personas jurídicas. El juez les atribuye indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
¿Seguirá Bankia los pasos del Anglo Irish?
