Aunque en general las arcas públicas sufrirán importantes pérdidas en el saneamiento de las entidades bancarias, no todos los programas puestos en marcha terminarán con números rojos. Éste es el caso del plan de avales para que pudieran emitir deuda o para poder acudir a la ventanilla del BCE en momentos de escasa liquidez.
El erario público va a conseguir unos beneficios de 2.600 millones de euros por las comisiones cobradas por este respaldo, que se inició en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers. Por el momento, la banca ya ha desembolsado 1.600 millones y se calcula que en los próximos años pueda ingresar otros 1.000 millones, según fuentes conocedoras de la situación.
Las entidades han usado avales por un importe de 155.535 millones de euros para colocar deuda. Un estudio de Caixabank estima en un 14,5% del PIB estas ayudas. De la cantidad total queda por vencer 64.200 millones (23.000 millones de los programas de 2008-2011 y 41.235 millones de 2012) más el respaldo de los bonos concedidos por la Sareb o banco malo a cambio de la compra de los activos inmobiliarios de la banca rescatada. Por esta partida se espera una suma de 52.100 millones, una vez se concluya el proceso de traspaso este mes de febrero.
Prórroga hasta junio
A pesar de este respaldo y de la apertura de los mercados en los últimas semanas, la Comisión Europea ha prorrogado los planes de avales públicos para el sector financiero español hasta finales del primer semestre de este año por un importe máximo de otros 100.000 millones de euros ante los riesgos existentes sobre la situación del sistema bancario y del país.
Las garantías para emisiones y para acudir a la ventanilla del BCE a captar recursos no han supuesto ningún desembolso para el Estado, a diferencia de otras ayudas, como las preferentes y las inyecciones de capital.
Otro de los programas de asistencia, ya concluido y no prorrogado, también supuso suculentos beneficios para las arcas públicas. Se trata de llamado Fondo de Adquisición de Activos Financieros (Faaf) que se puso en marcha en 2008. Conllevó unas ganancias netas de 650 millones y sirvió para que las entidades consiguieran una financiación de unos 19.000 millones. Se extinguió en marzo del ejercicio pasado, una vez recuperado todo el dinero con una rentabilidad media del 3,45%.
La inyección de capital, por su parte, ha supuesto un quebranto de 14.500 millones hasta septiembre de 2012. Y todavía le queda al FROB nuevas anotaciones de pérdidas. Se estima que por las preferentes de España-Duero y BMN los números rojos sumen otros 1.000 millones.
Lo que no está tan claro es si las nuevas ayudas, aportadas en diciembre, y las previstas para marzo, se salden con un balance positivo. "Es todavía incierto y dependerá, en último término, de los procesos de reestructuración y de la capacidad para atraer inversores en las subastas de las entidades nacionalizadas", sostiene un informe reciente de La Caixa.
La intención del Frob es maximizar ahora estas inversiones para evitar un aumento del déficit público. Por ello, ha denegado esquemas de protección de activos (EPA) contra pérdidas en las pujas siguientes, en contra de la práctica habitual de los últimos años. Este cambio ha motivado el desinterés de buena parte de los grupos sanos a pujar por CatalunyaBanc, que se encuentra en proceso de venta. El Frob, ante esta situación, no descarta abortar la operación y ya analiza salidas para la entidad catalana, que ha recibido 9.000 millones de recursos públicos para sanearse en diciembre.
Entre otros planes no descarta la integración de CatalunyaBanc con Bankia. También tiene previsto posponer la puja por Novagalicia y esperar a que los inversores privados interesados por la gallega decidan pagar un buen precio.
Con todo, las nuevas ayudas de recapitalización directa, para las que España tuvo que solicitar un préstamo a Europa con duras condiciones para el sector y para el país, suponen un 5,3% del PIB, en línea con las aportaciones de otros países, como Bélgica, Reino Unido o Dinamarca.
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