
Las asociaciones empresariales de los sectores fotovoltaico, termosolar y del conjunto de las renovables están preparando una estrategia conjunta para hacer causa común en contra de los últimos recortes al sector aprobados por el Gobierno, indicaron fuentes de las asociaciones.
La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la asociación termosolar Protermosolar y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) están unificando posturas y presentarán mañana en rueda de prensa un documento conjunto contra lo que consideran un nuevo "ataque" al sector.
En concreto, critican el efecto sobre las renovables de la decisión del Gobierno de revisar las actividades eléctricas reguladas conforme a IPC subyacente a precios constantes, en vez de IPC, y de la eliminación de la posibilidad de disfrutar de un precio de mercado más prima, con lo que solo podrán disfrutar de una tarifa fija.
Las medidas del Gobierno, destinadas a acabar con el déficit de tarifa, tienen un impacto total de 800 millones de euros para todo el sector eléctrico. Sólo la eliminación de la opción de mercado más prima para las renovables tendrá un efecto de 500 millones.
Dentro de las tecnologías renovables, el sector eólico será el más afectado, ya que la mayor parte de los parques españoles, más del 80%, está acogida en la actualidad a la opción de mercado más prima. El impacto sobre esta tecnología podría rondar los 300 millones.
Según publicaba recientemente elEconomista, el Ministerio de Industria tiene sobre la mesa una propuesta que realizó el regulador en su informe para acabar con el déficit de tarifa el pasado mes de marzo y que puede aprobarse con gran rapidez. El recorte en la retribución de las energías renovables puede llegar a ascender a 3.000 millones de euros en los próximos cinco años
La justificación para este ajuste, según el criterio de la CNE, se ampara en que una gran parte de sus ingresos anuales se dedican a cubrir los costes de la inversión, que representan aproximadamente el 85% en el caso de la eólica y la fotovoltaica. De este modo, el regulador considera que "actualizar la totalidad de la prima resulta desproporcionado y cree por lo tanto que sólo se debería actualizar únicamente el 15%".