Madrid, 4 abr (EFECOM).- El financiero catalán Javier de la Rosa acumula condenas a 20 años y 2 meses de prisión por las cuatro operaciones que se han juzgado del caso Torras, el hólding inversor del kuwaití KIO y del que fue vicepresidente hasta su dimisión en junio de 1992.
El caso Torras, que nació el 8 de enero de 1993 a raíz de una querella del grupo contra el financiero y otros ex directivos, se instruyó inicialmente en cuatro piezas judiciales: ICSA-Impacsa, Wardbase, Pincinco-Oakthon-Prima Inmobiliaria y Quail-ACIE.
Estas dos últimas fueron unidas en diciembre de 2005 por la Audiencia Nacional, mientras que "Croesus" fue desgajada de ICSA-Impacsa a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2006, en la que confirmaba la condena a 3 años de prisión para De la Rosa por el desvío de las plusvalías de 46,77 millones de euros por la venta de la papelera Icsa.
El alto tribunal también había ratificado en febrero de 2006 la pena de 5 años y 6 meses de prisión a De la Rosa por la pieza Wardbase, relacionada con el traspaso en 1992 de unos 11,95 millones de euros al ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal a través de dicha sociedad instrumental, ligada al grupo KIO.
En cambio, en septiembre del año pasado, decidió ampliar de cinco años y tres meses a siete años de prisión la condena por desviar cerca de 450 millones de euros, a través de las operaciones financieras Pincinco-Oakthorn y Quail.
El caso Torras nació el 8 de enero de 1993, cuando el Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid recibió una querella del Grupo Torras contra el financiero catalán y ex presidente del grupo Javier de la Rosa, su ex consejero delegado Jorge Núñez Lasso de la Vega, los ex consejeros Narciso de Mir, Miguel Soler y Juan José Folchi, y el ex presidente y ex vicepresidente del consejo Sheik Fahad y Fuad Jaffar, ambos kuwaitíes.
Trras, entonces controlada por la sociedad kuwaití de inversiones KIO, consideraba que estos ex gestores se enriquecieron de forma fraudulenta y causaron gravísimos perjuicios al grupo, que concluyeron con su descapitalización y posterior suspensión de pagos. Por ello, les acusó de falsedad en documento público y mercantil, estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas y otros delitos fiscales.
Javier de la Rosa también fue condenado en febrero de este año por el caso Grand Tibidabo, por el que la Audiencia de Barcelona dictó pena de tres años de cárcel por la apropiación indebida de 68 millones de euros, aunque quedó absuelto del delito de fraude fiscal que mantenía la abogacía del Estado.
En junio del año pasado, De la Rosa aceptó otra una condena de un año de prisión y 3.600 euros de multa por una estafa de 1995, cuando a través de una empresa "tapadera" logró un crédito de 1,8 millones de euros de La Caixa, avalado por un amigo, Lorenzo Rosal, a cuya familia perjudicó al no devolver el dinero.
Esta sentencia de conformidad fue posible después de que la acusación particular que ejercía el amigo de De la Rosa fuera resarcida económicamente por el financiero, y evitó la celebración del juicio y la pena de seis años de prisión que la fiscalía solicitaba inicialmente para el empresario.
También el año pasado, la Audiencia Nacional absolvió a los ocho acusados en el juicio del "caso Telecinco", entre ellos el ex director general de la ONCE Miguel Durán y el empresario catalán Javier de la Rosa, de los delitos fiscales y societarios por los que fueron juzgados. EFECOM
ecm/jma
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