Aspirante a decano del Colegio de Abogados de Madrid, Josefa García Lorente critica también la Ley de Tasas.
Lleva tres décadas ejerciendo de abogada y, con 65 años y en un momento convulso para el gremio, se presenta a decana del Colegio de Abogados de Madrid. Su candidatura para las elecciones del 18 de diciembre está desvinculada de partidos políticos. Josefa García recibe a elEconomista en su despacho, decorado con cuadros pintados por ella misma, antes de participar, ayer, en la concentración de jueces frente al Ministerio de Justicia.
¿Qué piensa de las polémicas tasas del ministro Gallardón?
Lo que consigue la Ley de Tasas es que al ciudadano de a pie le resulte imposible acceder a la Justicia. Esperemos que o el Defensor del Pueblo o algún grupo político planteen su inconstitucionalidad. Si no lo hacen, cada vez que los abogados tengamos que aplicarla plantearemos la inconstitucionalidad de la misma para llegar, en algún momento, al Tribunal Constitucional.
¿Qué le parece el decreto de desahucios del Gobierno?
Es un parche que además carece de contenido jurídico, un arreglo para que parezca que están haciendo algo. Eso sí, es menos que nada; va a retrasar la problemática de determinados núcleos familares dos años. Pero si en esos dos años no se llega a un tipo de modificación de más calado, el problema de los desahucios difícilmente tendrá arreglo.
¿Qué cambios hacen falta?
En primer lugar, la ley hipotecaria, que ahora protege más al banco que al ciudadano. Hay soluciones como la dación en pago. Que alguien que se queda sin casa tenga que seguir pagando la parte de hipoteca que adeuda, cuando el banco se ha adjudicado esa vivienda por un valor 40 veces inferior a la cantidad que prestó... no sé si es usura, pero se le parece bastante. Por otro lado, ¿para qué sacar a un ciudadano de una vivienda para que se meta en otra? Ofrécele un alquiler razonable. Lo que ocurre ahora es que en cuanto una persona atraviesa un bache y deja de pagar dos meses, se activa el procedimiento ejecutivo. Y, aunque al tercer mes pueda pagar, ese procedimiento ya está en marcha. Los bancos tienen la orden o la mala práctica de continuar con la ejecución en lugar de avenirse a un arreglo.
¿Qué le parece otorgar la residencia a inmigrantes que compren pisos de 160.000 euros?
Volvemos a la distinción, como en muchas leyes, entre ricos y pobres. Si tienes dinero ven, cómprate una casa. Tampoco especifican si se tiene que pagar de una vez. Me pregunto qué pasará si un inmigrante pide un crédito para comprar un piso por ese precio y luego deja de pagar. ¿Le quitarán la residencia?
¿Y la amnistía fiscal?
El perdón al que engaña nunca es bueno; están enseñando al ciudadano que tiene que esconder su dinero para salir adelante. Como forma política de actuar me parece deleznable. Lo que hay que hacer es controlar para que esos capitales no salgan.