La polémica reforma energética para acabar con el déficit de tarifa en el sector eléctrico provocará un agujero en el sistema gasista que también soportará el recibo. La razón estriba en las tasas impuestas porque reducirán la entrada en el mercado de los ciclos combinados de gas frente a la energía que proviene de Francia o Portugal que estará exenta de los nuevos gravámenes y que, por tanto, será más competitiva.
El problema es que los costes de generación de todas las centrales se cargan en el recibo y esta partida se encarecerá si los ciclos funcionan menos horas. La situación es ya bastante alarmante porque los periodos de amortización de estas plantas contemplaban un funcionamiento de más de 4.000 horas al año. Actualmente sólo funcionan 1.000 horas, como consecuencia del desplazamiento que ha producido la obligatoriedad de quemar carbón nacional, junto a la entrada masiva de energías renovables.
Desventaja competitiva para España
Un informe del BBVA recaba en cómo la energía importada de Francia y de Portugal se librará de la tasa a la generación del 6% porque principalmente un Gobierno no puede gravar un producto de otro Estado miembro, lo que crea una clara desventaja competitiva para las centrales españolas. Además, advierte de que los factores de carga de los ciclos combinados se encuentran en mínimos históricos.
Expertos del sector ya advierten del colapso en el que se puede ver el sistema gasista si estas plantas generan en total menos de 10.000 horas al parque de generación porque estas centrales estarían prácticamente paradas tan sólo generando costes. Además, se daría la paradoja de que serían sustituidos por energía extranjera en la labor que realizan de respaldo a las renovables en momentos donde no responden por falta de viento o de horas de sol.
Con todo, los operadores de algunas de estas plantas consideran que con la reforma ya no será rentable tener ciclos combinados, pero hasta ahora el gestor del sistema Red Eléctrica no permite el cierre de estas centrales por ser necesarias en momentos de punta de demanda.
El déficit de tarifa en el sector del gas llegó a 301,9 millones de euros el pasado año. La Comisión Nacional de la Energía advirtió de la necesidad de tomar medidas para evitar que este desfase llegase a las dimensiones del agujero eléctrico y recomendó paralizar algunas instalaciones como el almacenamiento de gas Castor, en Castellón, por el alto coste que representaría para el sistema.
Sin embargo, este desfase crecerá este año como consecuencia de la reforma, pero también por la mejora de la retribución de las instalaciones de almacenamiento de gas, una medida con la que el Gobierno ha querido facilitar la venta de una parte del almacén Castor a Enagas, que tenía una opción de compra de un 33% del paquete que tiene ACS.
¿Tasas medioambientales?
Por otro lado, existe otra parte muy polémica en la reforma: el céntimo verde al gas de 2,79 céntimos de euro por metro cúbico para recaudar 800 millones. Para empezar, la Directiva europea recomienda no gravar la generación eléctrica con gas natural. Además, la medida penalizará de lleno a los ciclos, pero sobre todo al tejido industrial que también debe pagar este tributo, ya que no se exime a la cogeneración.
Parece que el Gobierno no ha calibrado bien esta recaudación porque la base imponible será mucho menor que lo estipulado por el Gobierno, debido a la menor hora de producción de los ciclos y el drama de la industria nacional que teme que la reforma derive en miles de despidos.
El borrador de Anteproyecto de Ley para corregir el déficit eléctrico enarbola la bandera de la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, el céntimo verde grava en mayor cuantía a las tecnologías menos contaminantes, como el gas, e impone tasas más suaves para las más dañinas para el medio ambiente, como el fuelóleo. En concreto, la carga para el fuelóleo de generación eléctrica es de 12 euros por toneladas, lo que significa 1,02 euros por megavatio/hora (MWh), mientras que el carbón y el gas natural, en cambio, soportan un nuevo impuesto de 2,34 euros/MWh.
Además, el rendimiento de un ciclo combinado de gas es superior al 55%, mientras que el carbón tiene un rendimiento inferior al 35% y el gasóleo y fueloil no llegan a 45%.
Por tanto, si el propósito del Proyecto de Ley fuera un uso "más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente", como dice textualmente la norma, debería gravar las tecnologías en función de las emisiones contaminantes y del rendimiento.
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